La audiencia de medida de coerción del caso Operación Cobra 2.0-A fue pospuesta hasta el miércoles. Las defensas pidieron más tiempo para revisar el extenso expediente del Ministerio Público. Además, una nueva imputada se entregó voluntariamente, sumándose al proceso que investiga posibles fraudes contra SeNaSa por procedimientos médicos supuestamente no realizados.
La sesión de este lunes en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva concluyó sin que el tribunal abordara el fondo de la petición de medida de coerción contra los veinticinco acusados de la Operación Cobra 2.0-A. Esto ocurrió después de que los abogados defensores pidieran una prórroga para estudiar el expediente presentado por el Ministerio Público y tras la incorporación de una nueva persona imputada al proceso. La vista, correspondiente a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, se llevó a cabo en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional debido a limitaciones de espacio.
El Ministerio Público estuvo representado por el director general de Persecución, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz. Por su parte, los representantes legales de los implicados argumentaron que no habían tenido el tiempo suficiente para analizar la documentación y las pruebas presentadas.
Un acontecimiento relevante de la jornada fue la entrega voluntaria de la doctora Isabel Heredia Vallejo, quien se presentó ante las autoridades la mañana de este lunes. Durante la audiencia, el Ministerio Público también formalizó la solicitud de medida de coerción en su contra, y el juez Rigoberto Sena unificó su expediente con el proceso que involucra a los demás acusados, elevando a veintidós el número de profesionales de la medicina sometidos en esta fase de la investigación.
Al salir del tribunal, Mirna Ortiz explicó que el órgano acusador estaba preparado para que se conociera la medida, pero que las defensas habían solicitado un plazo para examinar las evidencias. La procuradora indicó además que la investigación ha detectado autorizaciones médicas que, según la hipótesis del Ministerio Público, fueron facturadas y cobradas a SeNaSa por tratamientos que presuntamente no se llevaron a cabo.
El expediente comprende unas quinientas veinticinco páginas, y el Ministerio Público solicita dieciocho meses de prisión preventiva para los imputados, además de que el caso sea declarado complejo. Por parte de la defensa, el abogado Billy Gerónimo, representante de Angeury Guzmán Vásquez, había anticipado que pediría el aplazamiento debido a que la solicitud le fue entregada el domingo por la tarde y contenía una cantidad considerable de documentos. La petición fue finalmente aceptada por el tribunal, que fijó la continuación de la audiencia para el miércoles veintitrés de septiembre a las dos de la tarde.
La investigación de esta nueva etapa examina, entre otros elementos, cuatro mil trescientas sesenta y tres autorizaciones de consultas y procedimientos por un valor aproximado de cuarenta y un punto un millones de pesos dominicanos, correspondientes al período entre enero de dos mil veintiuno y febrero de dos mil veinticinco. Según el Ministerio Público, parte de esas autorizaciones estaría vinculada a servicios que los afiliados habrían declarado no haber solicitado ni recibido.
