Diez de los acusados en el caso SeNaSa 2.0 han reconocido su implicación en los hechos imputados por el Ministerio Público, durante una audiencia que se extendió por más de nueve horas. La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, confirmó esta información, señalando que algunos imputados también están negociando con la fiscalía. La audiencia se aplazó y continuará este jueves, donde se determinarán las medidas de coerción.
Diez de las personas acusadas en el expediente SeNaSa 2.0 aceptaron las imputaciones que les atribuye el Ministerio Público durante la sesión de imposición de medidas de coerción celebrada este miércoles, según confirmó al finalizar la jornada la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz.
La sesión, presidida por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, se prolongó por más de nueve horas y fue pospuesta para este jueves 24 de septiembre a las 2:00 de la tarde, cuando proseguirá el estudio de la medida de coerción contra los implicados.
Ortiz detalló que, además de los diez acusados que reconocieron los cargos, algunos de los procesados que han manifestado su intención de rendir declaración se encuentran dialogando con el Ministerio Público, situación que podría resultar en solicitudes de modificación de las medidas de coerción para ciertos acusados.
La información comenzó a circular durante los recesos de la audiencia, cuando los abogados de los imputados brindaron detalles sobre las posturas adoptadas por sus clientes. El abogado Félix Portes había comunicado inicialmente que varios de los procesados admitían los hechos y que algunos expresaban sentir vergüenza por la situación. Ortiz precisó posteriormente que son diez los imputados que, hasta ese momento, habían aceptado los hechos, mientras que otros mantienen su rechazo a las acusaciones.
El Ministerio Público presenta su acusación
Durante la audiencia, el Ministerio Público comenzó a exponer los elementos incluidos en su petición de medida de coerción, un expediente de 525 páginas en el que solicita 18 meses de prisión preventiva para los imputados y que el proceso sea clasificado como de tramitación compleja.
La imputación describe un presunto entramado mediante el cual se habrían utilizado datos reales de afiliados de SeNaSa para gestionar autorizaciones y posteriormente facturar consultas y procedimientos médicos que, según el órgano acusador, no fueron solicitados ni recibidos por los beneficiarios.
La investigación abarca el período entre enero de 2021 y febrero de 2025 y, de acuerdo con el expediente, identifica 4,363 autorizaciones relacionadas con consultas y procedimientos por un valor aproximado de RD$41.1 millones.
Según la hipótesis del Ministerio Público, en el supuesto esquema habrían participado médicos, empleados y extrabajadores de SeNaSa y otras personas vinculadas al sector de la salud. El órgano acusador sostiene además que el mecanismo habría perjudicado a afiliados de la aseguradora estatal, debido a que las reclamaciones cuestionadas aparecían registradas a sus nombres y consumían parte de la cobertura disponible en sus pólizas.
Diez reconocen los hechos y algunos negocian
Uno de los aspectos que cobró mayor relevancia durante la jornada fue precisamente la actitud adoptada por los imputados. Después de varias horas de audiencia, Mirna Ortiz confirmó que diez procesados habían admitido los hechos que les atribuye el Ministerio Público.
La funcionaria también reveló que algunos de los imputados que desean declarar se encuentran en conversaciones con la Fiscalía, lo que podría llevar al Ministerio Público a solicitar una variación de la medida de coerción para determinados procesados. La situación comenzó así a dividir las posturas de los acusados. Mientras un grupo habría reconocido los hechos, otros mantienen su negativa y aseguran que no participaron en las maniobras descritas por la Fiscalía. El abogado Félix Portes había explicado durante uno de los recesos que algunos de sus representados se sentían avergonzados por la situación y que existía disposición de colaborar con las autoridades.
Las defensas toman caminos diferentes
La posición de los abogados tampoco ha sido homogénea. Mientras algunas defensas cuestionan la necesidad de imponer 18 meses de prisión preventiva, otras sostienen la inocencia de sus representados y rechazan los señalamientos contenidos en el expediente. Algunos abogados han planteado la posibilidad de medidas alternativas a la prisión preventiva y han preparado documentos para demostrar el arraigo de sus clientes.
Durante uno de los recesos, el abogado Nolasco Rivas manifestó que no podía confirmar cuáles de los imputados estaban negociando con el Ministerio Público, debido a que las declaraciones e interrogatorios se realizaban de manera individual. La diferencia de estrategias se hizo más evidente a medida que avanzaba la audiencia: mientras algunos procesados asumían una posición de reconocimiento y posible colaboración, otros continuaban defendiendo su inocencia.
Lo que expone el expediente
La acusación del Ministerio Público sostiene que una de las modalidades investigadas consistía en obtener información de afiliados, gestionar autorizaciones para servicios médicos y posteriormente reclamar pagos a SeNaSa por procedimientos que supuestamente no habían sido realizados.
El expediente contiene casos en los que afiliados habrían declarado ante los investigadores que desconocían consultas, diagnósticos o procedimientos que aparecían registrados a sus nombres. Entre los elementos presentados figuran autorizaciones médicas, reclamaciones y documentos que, según el Ministerio Público, habrían sido utilizados para sustentar los pagos reclamados a la ARS estatal. La Fiscalía también plantea que se utilizaron datos de afiliados y otros mecanismos para dar apariencia de legitimidad a las reclamaciones investigadas. Todos estos señalamientos corresponden a la tesis del Ministerio Público y deberán ser considerados durante el proceso judicial.
Afuera del tribunal, familiares esperaban noticias
Mientras dentro de la sala progresaba la audiencia, en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva permanecían familiares de los imputados, abogados, periodistas y personal de seguridad. Antes del inicio formal del conocimiento de la coerción, familiares de varios de los procesados realizaron un momento de oración por sus parientes. Reunidos en las inmediaciones del tribunal, elevaron plegarias mientras esperaban el comienzo de una jornada que se extendería durante horas. La audiencia estaba prevista para las 2:00 de la tarde, pero la espera se prolongó antes de que el juez iniciara formalmente el conocimiento. Con el paso de las horas, los familiares permanecieron atentos a las informaciones que ofrecían los abogados cada vez que salían de la sala durante los recesos.
Recesos y declaraciones fuera de la sala
La audiencia tuvo varios momentos de interrupción. Durante estos recesos, los abogados se dirigieron a los medios de comunicación para explicar parte de lo ocurrido en el interior de la sala y fijar posición sobre las acusaciones. Fue precisamente en estos espacios cuando comenzaron a conocerse las primeras informaciones sobre las declaraciones de los imputados y la posibilidad de que algunos estuvieran dispuestos a colaborar con el Ministerio Público. Mientras los abogados ofrecían sus versiones, los familiares continuaban a la espera de novedades sobre sus parientes. La jornada se prolongó por más de nueve horas y terminó pasadas las 11:00 de la noche, sin que el juez Rigoberto Sena emitiera una decisión sobre las medidas de coerción.
La audiencia continúa este jueves
Sobre la mesa permanecen la solicitud del Ministerio Público de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de tramitación compleja, así como las posiciones particulares de los imputados y sus respectivas defensas. El dato que marcó la primera jornada fue la confirmación de que diez imputados admitieron los hechos, mientras otros mantienen su rechazo a las acusaciones. A esto se suma la revelación de que algunos procesados están negociando con el Ministerio Público. Por ahora, esas admisiones forman parte de las declaraciones ofrecidas dentro del proceso y no constituyen una decisión judicial sobre la responsabilidad penal de los imputados. La audiencia continuará este jueves, cuando el tribunal retomará el análisis de las posiciones de las partes y deberá avanzar hacia la decisión sobre las medidas cautelares solicitadas.
