La defensa de la Dra. Anna Rachel Rodríguez Almánzar ha cuestionado la práctica de SeNaSa de solicitar expedientes clínicos directamente a los médicos, argumentando que la custodia de dichos documentos recae en los centros de salud y no en los profesionales individuales. Esta objeción se basa en normativas del Ministerio de Salud Pública y forma parte de un proceso judicial en curso.
El letrado Santos Willy Liriano, quien representa a la doctora Anna Rachel Rodríguez Almánzar, expresó su desacuerdo con la acción del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) de solicitar historiales médicos a profesionales que, según su postura, no poseen la guarda de tales archivos. Presentó al tribunal una comunicación que un supervisor de la institución envió a su cliente.
Liriano detalló que el comunicado fue dirigido a Rodríguez Almánzar en junio de 2026, con una petición de expedientes que, conforme a su versión, más tarde serían usados para fundamentar acusaciones en su contra. El abogado aseguró que su representada no acató el requerimiento, dado que no formaba parte del centro asistencial al cual pertenecían los casos.
De acuerdo con el jurista, el enjuiciamiento de su defendida ocurrió después de esta situación, lo que lo llevó a cuestionar que se intente imputarle responsabilidad por documentos cuya custodia, afirmó, corresponde al establecimiento sanitario donde se originaron los casos. Para respaldar su argumento, Liriano citó un reglamento del Ministerio de Salud Pública emitido en 2018 y confirmado en agosto de 2023.
Explicó que el artículo 7 establece que los casos clínicos permanecen bajo la responsabilidad del centro para la verificación de los expedientes, y no del médico. “El centro clínico es el custodio de todos los casos clínicos”, sostuvo el abogado, quien reiteró que la documentación no debe ser exigida directamente a los profesionales que atienden a los pacientes cuando estos no tienen bajo su encargo la custodia de los expedientes.
Basándose en esta interpretación, Liriano afirmó que los médicos incluidos en el proceso son “víctimas de este proceso” y cuestionó que se les atribuya responsabilidad por expedientes que, según su argumentación, deben permanecer bajo la custodia de los centros clínicos. Estas observaciones forman parte de la postura de la defensa de Rodríguez Almánzar y deberán ser contrastadas con los argumentos y elementos probatorios que presente el Ministerio Público en el proceso SeNaSa 2.0-A.
