Un abogado defensor ha solicitado la ampliación de la investigación en torno al caso SeNaSa 2.0-A, argumentando que no debe restringirse solo a los médicos implicados. El jurista busca que se identifique a todas las personas y entidades que manejaron los importantes recursos económicos del Seguro Nacional de Salud, incluyendo clínicas, laboratorios y propietarios de farmacias, para determinar la responsabilidad integral en el presunto desvío de fondos.
El licenciado Miguel Surún, representante legal, exigió este jueves que las pesquisas del expediente SeNaSa 2.0-A no se limiten a los facultativos mencionados en el documento, sino que comprendan a todos los individuos que, conforme a sus afirmaciones, pudieron haber participado en la administración de las cuantiosas sumas de dinero del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Surún, quien patrocina a uno de los acusados en el proceso, manifestó su desacuerdo durante la audiencia con que la acción penal se concentre en ciertos profesionales de la salud mientras, a su parecer, quedan por dilucidar otros grados de culpabilidad. En este sentido, planteó preguntas acerca de la implicación de centros médicos, laboratorios y dueños de droguerías.
El letrado afirmó que algunos galenos han reconocido haber facilitado sus identificadores, pero supuestamente estos fueron empleados de forma indebida, por lo cual consideró esencial determinar quiénes recibieron, gestionaron y se beneficiaron de los recursos. También objetó que otros actores vinculados al sistema no hayan sido incluidos en la investigación con la misma magnitud.
Surún demandó que el procedimiento permita establecer de manera exhaustiva cómo se movilizaron los caudales que, según las imputaciones del Ministerio Público, fueron sustraídos de SeNaSa. “¿Dónde se encuentran los propietarios de las farmacias?”, cuestionó, al mismo tiempo que reclamó que la investigación identifique a todos los responsables, sin importar el nivel en que hayan intervenido.
El abogado recalcó que debe existir una indagación que abarque toda la cadena de posibles culpas y no únicamente a quienes figuran como imputados en esta fase del proceso. Sus observaciones forman parte de la estrategia de defensa y deberán ser confrontadas con las evidencias y argumentos que presente el Ministerio Público durante la consideración de la medida de coerción.
La sesión judicial contra los señalados en la Operación SeNaSa 2.0-A continúa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde las defensas exponen sus alegatos frente a la petición del Ministerio Público de dieciocho meses de prisión preventiva y la declaración de tramitación compleja.
