Miguelina Bello Segura ha sido condenada a tres años de cárcel por su implicación en una red dedicada al robo y venta ilegal de municiones de la Policía Nacional. La sentencia incluye una suspensión condicional de la mitad de la pena, lo que significa que cumplirá año y medio bajo arresto domiciliario, sujeto a condiciones estrictas. Este caso es parte de la "Operación Pandora", que desmanteló la estructura criminal en noviembre de 2024.
El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aceptó la petición del Ministerio Público y dictaminó una condena de tres años de prisión para Miguelina Bello Segura. Se confirmó su participación en un grupo delictivo que se dedicaba a extraer y vender de manera ilícita equipo y municiones de la Policía Nacional, una organización desmantelada mediante la Operación Pandora en noviembre de 2024. La resolución judicial contempla la suspensión condicional de la mitad de la pena impuesta, por lo que la acusada deberá cumplir un año y seis meses bajo la modalidad de arresto domiciliario. Durante este período de privación de libertad supervisada, estará sujeta al cumplimiento de reglas específicas.
Entre las condiciones establecidas por el tribunal, a sugerencia de los fiscales litigantes Ernesto Guzmán y Rosa Ysabel, quienes están adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, se encuentra la obligación de fijar un domicilio permanente y de informar formalmente cualquier cambio de residencia tanto al Ministerio Público como al juez de Ejecución de la Pena.
De igual modo, Bello Segura tiene prohibido abandonar el país sin autorización judicial previa, poseer armas de fuego de cualquier tipo y consumir bebidas alcohólicas de forma excesiva. Además, está obligada a presentarse mensualmente ante las autoridades competentes.
La jueza de instrucción Kenya Romero emitió el veredicto después de la homologación de un acuerdo de penalidad abreviada. En este acuerdo, la procesada admitió plenamente su culpabilidad en la acusación presentada por el órgano de persecución penal y expresó su disposición a ofrecer colaboración técnica. La decisión judicial también ordenó el decomiso a favor del Estado de todos los accesorios incautados durante el proceso, estableciendo la lectura completa del dictamen para el 5 de noviembre de 2026 a las tres de la tarde.
Otras condenas y envíos a juicio
Como antecedente en esta misma causa, el tribunal dictó en septiembre una sentencia de cinco años de prisión domiciliaria contra Marino Antonio Rodríguez Toribio. Se ordenó el cierre definitivo de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L., el pago de una multa equivalente a diez salarios mínimos del sector público y el decomiso de los bienes incautados a su persona y a la entidad comercial procesada.
En la misma resolución judicial, el juzgado dictó auto de apertura a juicio de fondo contra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien fuera encargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, así como contra el capitán Nelson Valdez, quien se desempeñaba como director del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la institución policial.
Junto a los oficiales de alto rango, enfrentarán un juicio de fondo los imputados Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.
A los procesados Féliz Romero, Valdez, Martínez Bacilio, Díaz Medina y Medina Pérez se les modificó la medida de coerción de prisión preventiva por una garantía económica de 500 mil pesos mediante contrato de fianza, impedimento de salida del territorio nacional y presentación periódica ante la fiscalía. Por su parte, a Santos Rodríguez se le mantuvieron vigentes las medidas cautelares consistentes en fianza, restricción de viaje y firma ante el órgano judicial.
Alcance del entramado y tipificación legal
Las investigaciones indican que la red de corrupción, cuyos miembros fueron detenidos durante las acciones de la Operación Pandora, despojó al Estado dominicano de una suma que asciende a 92 millones 191 mil 732 pesos con 92 centavos. Esto se logró mediante la sustracción de miles de proyectiles e insumos militares que estaban bajo la custodia de la Intendencia de Armas durante la gestión del oficial Féliz Romero.
El expediente penal establece que los implicados llevaron a cabo maniobras engañosas con el objetivo de sustraer los pertrechos de la institución de orden público para su comercialización en el mercado informal, obteniendo beneficios económicos que perjudicaron el patrimonio público.
A la estructura se le imputa la comisión de faltas graves clasificadas como coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, en violación de varios artículos del Código Penal dominicano. Asimismo, se les atribuyen infracciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como violaciones a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, al incurrir en la legitimación de fondos derivados del tráfico ilícito de material bélico y sus accesorios.
