Un juez federal argentino ha decidido archivar la causa penal que involucraba al presidente Javier Milei, a su hermana Karina, y a otros implicados, en relación con el colapso de la criptomoneda $LIBRA. La resolución judicial establece que los hechos denunciados no configuran ningún tipo de delito, desestimando acusaciones de estafa o abuso de autoridad. Esta determinación también favorece a un empresario estadounidense y a diversos intermediarios financieros.
El magistrado federal argentino, Marcelo Martínez di Giorgi, ha resuelto cerrar el expediente que investigaba al presidente de Argentina, Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, así como a otros individuos implicados en el proceso judicial originado por el desplome de la criptomoneda $LIBRA. El dictamen concluye que los eventos reportados «no se ajustan a ninguna figura legal» de carácter penal, descartando las acusaciones por supuesta estafa, abuso de poder o transacciones incompatibles con la función pública. Esta decisión judicial también beneficia al empresario estadounidense Hayden Mark Davis y a un conjunto de intermediarios y analistas financieros relacionados con el proyecto.
Tras conocerse la determinación, el presidente Milei expresó su opinión mediante su perfil en la plataforma X, afirmando que la Justicia «ha restablecido el orden». «¿Y quién me compensa ahora por un año, ocho meses y nueve días de falsedades, difamaciones e injurias que buscaban dañar mi buena reputación y honor?», cuestionó el mandatario, quien reiteró que las denuncias en su contra eran una «maniobra política y mediática» impulsada por sectores de la oposición.
El origen de la controversia se sitúa a mediados de febrero de 2025, cuando Milei publicó un mensaje en X promocionando el lanzamiento de $LIBRA. Luego de la publicación presidencial, la capitalización de mercado del activo creció rápidamente superando los 4.000 millones de dólares, impulsada por aproximadamente 40.000 inversores. Sin embargo, en pocas horas el valor del token se desplomó después de que varias carteras digitales retiraran cerca de 90 millones de dólares. Tras la caída, el jefe de Estado eliminó la publicación y aclaró que no tenía ninguna relación con el proyecto ni conocía sus detalles.
En su fallo, el juez sostuvo que, si bien la «posición institucional» del mandatario pudo haber conferido visibilidad al token, esa circunstancia no constituye un «engaño fraudulento». La resolución judicial provocó reacciones de inmediato rechazo entre los inversores perjudicados y diversas organizaciones civiles. Pedro Biscay, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), calificó la medida de «prematura» y advirtió sobre el riesgo de consolidar un pacto de impunidad sin haber completado todas las diligencias probatorias.
