En una operación conjunta, la Fiscalía de San Cristóbal y la Policía Nacional han eliminado más de trescientas máquinas tragamonedas y otros artículos confiscados. Esta acción se llevó a cabo en el marco de la lucha contra el juego no autorizado, debido a infracciones de la normativa dominicana que rige la instalación y funcionamiento de estos dispositivos. La demolición de los aparatos se realizó en el mercado de Canastica, reafirmando el compromiso de las autoridades con la erradicación de actividades ilícitas.
SAN CRISTÓBAL. – La Fiscalía de San Cristóbal y la Policía Nacional informaron sobre la eliminación de más de trescientos aparatos de juego y otros bienes decomisados durante intervenciones contra el juego clandestino. Estas acciones responden a la transgresión de las leyes que regulan la instalación y el funcionamiento de tales dispositivos en la República Dominicana. La destrucción se ejecutó en el mercado del área de Canastica, en San Cristóbal, como parte de las medidas tomadas por las autoridades para combatir las prácticas ilícitas vinculadas a los juegos de azar.
La jornada estuvo bajo la dirección de la fiscal titular de San Cristóbal, Ramona Santana Uceta, en compañía de las responsables del Departamento de Evidencias, Heydi Durán y Paulery Valdez. Ellas supervisaron el cumplimiento de los protocolos establecidos para el resguardo y la disposición final de los elementos incautados.
En la operación también participaron el director regional de la Policía Nacional, general Antonio del Carmen de los Santos; el subdirector regional, coronel Jofre Guzmán Camilo; el comandante del Departamento Operativo I, coronel Yuveres Cueva Aquino, y el supervisor de cuadrante, mayor Lenny de Jesús Muñoz.
Según lo comunicado por las autoridades, las máquinas fueron retenidas por contravenir las leyes 29-06 y 351. Estas normativas regulan los establecimientos permitidos para la instalación de tragamonedas y establecen sanciones por su operación ilegal.
Santana Uceta reiteró que el Ministerio Público continuará coordinando esfuerzos con la Policía Nacional para perseguir las actividades ilícitas que alteran el orden público y asegurar que los bienes decomisados sean procesados y destruidos de acuerdo con la legislación vigente.
