Diputados de la oposición han expresado su desaprobación a la recién aprobada Ley de Residuos Sólidos, argumentando que su implementación generará una mayor carga económica para las empresas y los ciudadanos. Los legisladores Charlie Mariotti Paz y Alcibíades Tavárez han manifestado su preocupación, señalando que la normativa no aborda los problemas fundamentales de la gestión de residuos y podría llevar a un aumento significativo en los costos para la población.
Varios miembros de la bancada opositora manifestaron su inconformidad con la aprobación de la Ley de Residuos Sólidos, considerando que esta regulación incrementará los gastos tanto para las compañías como para los usuarios finales. Los representantes parlamentarios Charlie Mariotti Paz, afiliado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Alcibíades Tavárez, de la Fuerza del Pueblo, pusieron en tela de juicio el contenido de la legislación y alertaron sobre sus repercusiones en el ámbito económico.
Mariotti aseveró que la ley no ofrece soluciones a los inconvenientes estructurales en el manejo de desechos sólidos y sostuvo que los únicos favorecidos fueron los propietarios de las estaciones de servicio. “Lamentablemente, los únicos beneficiados en este caso fueron los dueños de gasolineras, quienes serán los únicos a los que se les aplicará el cobro de la contribución por ventas, descontando el costo de las mismas”, puntualizó. El congresista afirmó que el resto de los contribuyentes seguirán abonando una aportación especial calculada sobre sus ingresos, lo que, según sus palabras, representa un incremento considerable en comparación con el sistema previo. “Todos los demás estaremos pagando una contribución especial. Quien antes pagaba 500 ahora desembolsará 5 o 6 mil pesos; el que abonaba 20 mil ahora pagará 90 mil”, declaró Mariotti.
Por su parte, el diputado Alcibíades Tavárez, perteneciente a la Fuerza del Pueblo, afirmó que el propósito de esta legislación es incrementar la recaudación estatal y advirtió que el costo final recaerá sobre la ciudadanía. El legislador reconoció que durante el debate del proyecto se introdujeron modificaciones, como la disminución del aporte máximo para las grandes corporaciones y la exclusión de algunas organizaciones sin ánimo de lucro, pero consideró que estas variaciones no eliminan el impacto financiero de la ley. “Llego a la conclusión de que este país se precipitará a un abismo del cual no podrá salir si se continúa buscando financiación, ya sea a través de leyes, reformas fiscales o empréstitos internacionales”, sentenció.
Según Tavárez, la ley pretende recolectar entre RD$8,000 millones y RD$9,000 millones mediante un fideicomiso, fondos que, a su parecer, terminarán siendo trasladados por los empresarios al precio de los bienes y servicios que adquieren los consumidores.
En contraste, el diputado del PRM, Ignacio Aracena, defendió la aprobación de las enmiendas a la Ley de Residuos Sólidos, asegurando que esta iniciativa proporcionará mayores recursos a los ayuntamientos para enfrentar el problema de la acumulación de basura y mejorar la recolección de desechos, una situación que, afirmó, perjudica la salud y el medio ambiente. “Los gobiernos municipales necesitan disponer de cierta cantidad de recursos para asegurar una recolección de basura eficaz”, expresó Aracena, quien mantuvo que el proyecto fue consensuado durante varios años y que, aunque no es una ley perfecta, podrá seguir perfeccionándose mediante el diálogo.
