Durante una sesión de las Naciones Unidas sobre la lucha anticorrupción, el doctor Manuel Conde, coordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), resaltó la elección de Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Este nombramiento, unánime y sin precedentes, fue presentado como un hito crucial para la independencia judicial y la seguridad jurídica en la República Dominicana, al ser el primer magistrado de carrera en asumir dicho cargo desde 2001.
VIENA, Austria. – La designación de Justiniano Montero Montero como titular de la Suprema Corte de Justicia fue presentada ante la Organización de las Naciones Unidas como un avance significativo para la autonomía judicial de la República Dominicana, durante una disertación sobre buenas prácticas en la batalla contra la corrupción y la recuperación de bienes. Esta evaluación fue realizada por el doctor Manuel Conde, quien coordina el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), durante su intervención el martes 3 de noviembre en una sesión sobre recuperación de activos y cooperación internacional de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
“Es un acontecimiento trascendental para la República Dominicana: fortalece la certeza jurídica y la independencia del Poder Judicial”, manifestó el jurista, al referirse a la elección de Montero, efectuada por unanimidad el día anterior por el Consejo Nacional de la Magistratura, bajo la presidencia de Luis Abinader.
El especialista en leyes enfatizó que Montero se convirtió en el primer magistrado con trayectoria dentro de la carrera judicial en asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia desde la instauración del actual sistema de selección, en el año 2001.
La elección fue expuesta como la primera de seis buenas prácticas dominicanas en el ámbito de la recuperación de bienes, considerando que la autonomía de los organismos encargados de investigar y juzgar los casos de corrupción representa un componente esencial para asegurar resultados.
En ese contexto, Manuel Conde también puso de relieve la reforma constitucional de 2024, que confirió al Consejo Nacional de la Magistratura la potestad de designar al procurador general de la República a sugerencia del presidente, así como la elección de Yeni Berenice Reynoso, con experiencia en la carrera del Ministerio Público.
Recuperación del patrimonio público
Al abordar los resultados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, Conde informó que las acciones del Estado como parte querellante y civil han permitido recuperar más de RD$165,000 millones.
Otra de las estrategias presentadas fue la coordinación entre la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República para potenciar la prevención, investigación y persecución de la corrupción.
Respecto al trabajo de la DIGEIG, dirigida por Milagros Ortiz Bosch, indicó que la institución organiza 191 comisiones y oficiales de integridad en diversas entidades públicas.
El representante dominicano también expuso los acuerdos de restitución de fondos bajo supervisión judicial, la implementación de la extinción de dominio y la gestión especializada de bienes confiscados. A esto añadió la modernización de los códigos Penal y Procesal Penal como parte de los esfuerzos para combatir la corrupción y fortalecer los instrumentos legales del Estado.
Conde reconoció, sin embargo, que el país todavía enfrenta obstáculos para lograr que los procesos culminen con sentencias definitivas, ejecutar esas resoluciones y recuperar bienes que se encuentran en otras jurisdicciones.
Ante ese panorama, planteó la necesidad de reforzar la asistencia judicial internacional y los mecanismos para el reconocimiento de las decisiones dominicanas de decomiso, indemnización civil a favor del Estado y extinción de dominio.
Delegación dominicana
La participación del país fue coordinada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, por iniciativa de su titular, Milagros Ortiz Bosch, y acreditada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La delegación fue encabezada por la embajadora Gilka Meléndez e integrada por Manuel Conde y Mario José Gallego Cosme, primer secretario de la Misión Permanente de la República Dominicana en Viena.
Durante su presentación, Conde defendió la recuperación del patrimonio público como una política de Estado y subrayó la relevancia de que los recursos sustraídos al país puedan volver a estar al servicio de la ciudadanía.
