Nauru, una pequeña nación del Pacífico, ha implementado un programa de venta de ciudadanía por 90.000 dólares. El objetivo principal de esta iniciativa es recaudar fondos para reubicar a gran parte de su población, que se encuentra amenazada por el aumento del nivel del mar y la erosión costera, fenómenos exacerbados por el cambio climático. Este enfoque innovador busca financiar su supervivencia sin depender exclusivamente de la ayuda internacional.
Mientras gran parte del mundo debate cómo financiar la adaptación al cambio climático, Nauru, una pequeña nación del Pacífico, ha tomado una decisión proactiva. Ha comenzado a vender su ciudadanía por aproximadamente 90.000 dólares con un propósito muy específico: recaudar el capital necesario para trasladar a la mayoría de su población lejos de las costas que el mar está invadiendo progresivamente. Este pasaporte se ha transformado en un plan de supervivencia. Durante años, los denominados “pasaportes dorados” se han utilizado para atraer inversión extranjera o captar grandes fortunas. Nauru ha optado por darles un uso muy diferente.
Su programa permite obtener la ciudadanía mediante una contribución económica que concede acceso sin visado o con visado a la llegada a más de 85 destinos, incluyendo Singapur, Hong Kong o el Reino Unido. Sin embargo, el verdadero producto que vende el país no es la movilidad internacional, sino una forma de financiar su propia supervivencia frente al avance del océano.
Con una superficie de apenas 21 kilómetros cuadrados y unos 12.500 habitantes, Nauru arrastra desde hace décadas un problema que ahora ha alcanzado un punto crítico. La explotación intensiva de fosfatos durante gran parte del siglo XX dejó cerca del 80% del interior de la isla devastado e inhabitable, forzando a la población a concentrarse en la estrecha franja costera. Precisamente estas zonas son las más vulnerables al aumento del nivel del mar, las mareas extremas y la erosión costera, un fenómeno que en esta parte del Pacífico avanza incluso más rápido que la media mundial.
El dinero recaudado con la venta de ciudadanías tiene como fin financiar uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de la historia reciente del país. El Gobierno busca trasladar alrededor del 90% de las viviendas, infraestructuras y servicios esenciales hacia las pocas zonas elevadas que aún son utilizables. La primera fase del proyecto supera los 60 millones de dólares y tiene como objetivo construir una nueva comunidad menos expuesta a las inundaciones que amenazan las actuales localidades costeras.
El programa de ciudadanía no está disponible para cualquiera. Tras los escándalos de antiguos sistemas de venta de pasaportes que terminaron en manos de delincuentes y personas vinculadas al terrorismo, Nauru ha endurecido los controles con varias fases de verificación, comprobaciones de antecedentes y la posibilidad de retirar la ciudadanía si se detectan delitos graves. Además, el pasaporte no otorga derecho a comprar terrenos en la isla, donde la propiedad de la tierra sigue estando fuertemente restringida.
Esta iniciativa también refleja un problema mucho mayor. Los países más vulnerables al cambio climático llevan años denunciando que las ayudas internacionales llegan con lentitud y resultan insuficientes para afrontar el coste de la adaptación. Para un microestado con recursos muy limitados, vender ciudadanías se ha convertido en una forma de obtener ingresos sin depender completamente de la financiación internacional. Si el programa alcanza las cifras previstas, podría llegar a representar cerca de una quinta parte de los ingresos públicos del país.
Nauru no es el primer país que recurre a los pasaportes por inversión, pero sí uno de los primeros que los presenta abiertamente como una herramienta de financiación climática. Dominica ya destina parte de estos ingresos a reforzar su resiliencia frente a huracanes y otros pequeños Estados observan con atención el resultado de este experimento. La gran incógnita es si esta fórmula logrará equilibrar dos objetivos difíciles de compatibilizar: garantizar la seguridad y la transparencia de estos programas mientras una nación vende uno de sus bienes más valiosos (su ciudadanía) para poder seguir existiendo en su lugar de origen.
