El aeropuerto de Ibiza, con una capacidad de tratamiento de residuos para 5-6 millones de pasajeros, actualmente gestiona más de 9 millones, lo que ha provocado el desbordamiento de su depuradora. Esta situación resulta en el vertido de aguas fecales sin el tratamiento adecuado directamente al Torrent de sa Font, un cauce que desemboca en la playa de Es Codolar, dentro del protegido Parc Natural de ses Salines de Eivissa i Formentera. La Alianza por el Agua ha documentado niveles alarmantes de contaminación, superando con creces los límites legales y afectando la calidad del agua en la isla.
El aeropuerto de Ibiza fue concebido para gestionar los residuos de entre 5 y 6 millones de pasajeros anualmente. Sin embargo, en la actualidad, maneja más de 9 millones de usuarios, con una ocupación superior al 91,59%. La depuradora, que permanece con su diseño original, se encuentra desbordada y vierte aguas fecales con niveles de contaminación muy por encima de los límites legales directamente al Torrent de sa Font. Este cauce nace en la Serra Grossa, recorre nueve kilómetros y desemboca en la playa de Es Codolar, ubicada en el valioso Parc Natural de ses Salines de Eivissa i Formentera. Esta problemática representa una situación crítica en un entorno protegido.
Muestras tomadas por la Alianza por el Agua, entre el 12 de junio y el 22 de julio, y analizadas por un laboratorio autorizado por la Conselleria de Salud del Govern balear, revelaron incumplimientos en las cuatro ocasiones. En Ibiza, casi 150.000 personas no pueden consumir agua del grifo. El resultado más preocupante se registró el 8 de julio: la contaminación orgánica excedía en 17 veces el límite permitido, y los sólidos en suspensión lo multiplicaban por 18. La normativa establece un máximo de 200 unidades de la bacteria E. coli por cada 100 mililitros para la reutilización del agua en riego. Las muestras detectaron más de 2.420 unidades, un valor que solo indica el techo de medición del laboratorio, sugiriendo que la concentración real podría ser aún mayor. Esta situación se da en las proximidades de un espacio protegido por la Red Natura 2000, un área vital para el descanso y la nidificación de flamencos.
Rafa Tur, de la Alianza por el Agua, identifica tres aspectos principales del problema. Primero, el acuífero del aeropuerto está salinizado, generando salmuera cuyo destino final se desconoce. Segundo, parte del agua depurada se utiliza para regar los jardines del aeropuerto sin cumplir los parámetros exigidos para su reutilización. Tercero, se están vertiendo aguas insuficientemente tratadas dentro de un parque natural. Todo esto, según Tur, ocurre sin la autorización correspondiente. AENA se defendió inicialmente, argumentando que "algo de agua ya tratada" podría escaparse ocasionalmente. El año pasado, esta problemática afectaba a unas 5.000 personas. Aparentemente, no se han implementado medidas especiales desde entonces.
La situación también impacta a Menorca: Sant Josep Zona I ha registrado 13 análisis no aptos desde 2016, y Es Canar Cosmi, 8 desde 2016. En ambas localidades se han detectado niveles de conductividad, sulfato y cloruro muy superiores a los valores de salubridad. Las zonas consideradas de mayor riesgo incluyen Siesta, Cala Llonga, la urbanización Buenavista y Montañas Verdes, todas en Santa Eulalia del Río, además de la urbanización Isla Blanca (San Juan de Labritja) y San Rafael (San Antonio de Portmany).
Más de una decena de entidades, incluyendo asociaciones sociales, ecologistas, vecinales y de defensa del agua, firmaron una denuncia. Entre ellas se encuentra la asociación vecinal de Sa Caleta, representada por Mario Riera, también portavoz de Can Frígoles y Can Palleu. Estas entidades han remitido los resultados a la Fiscalía de Medio Ambiente y al Seprona de la Guardia Civil, solicitando la suspensión cautelar del riego con esta agua y un análisis urgente de las aguas de baño de Es Codolar, la playa receptora del vertido. "La instalación está claramente sobrepasada", afirmó Tur. Mientras tanto, AENA planea una ampliación de 230 millones de euros para el aeropuerto, que incluye una sala VIP más grande, con el objetivo de alcanzar los 11 millones de pasajeros. Tur criticó esta iniciativa, declarando: "Menos sala VIP y más cumplir la normativa y adaptar las infraestructuras a las necesidades actuales". En las últimas semanas, numerosas organizaciones ecologistas y vecinales han firmado un manifiesto conjunto contra el proyecto de ampliación.
AENA ha respondido, afirmando que el aeropuerto se abastece "exclusivamente" de cinco pozos propios autorizados, agua de lluvia y agua regenerada, siempre dentro de los volúmenes autorizados por las administraciones. Asegura que reporta sus datos periódicamente a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a la Dirección General de Recursos Hídricos y a la Agencia Tributaria de las Illes Balears. Además, sostiene que cuenta con autorización de Recursos Hídricos para regar sus propios jardines con el agua saliente de la depuradora. El PP de Ibiza, a través del diputado José Vicente Marí Bosó y el senador Miquel Jerez, ha exigido mayor transparencia, presentando preguntas parlamentarias en el Congreso y el Senado sobre el conocimiento de AENA respecto a la situación y las medidas correctoras aplicadas. Este no es el único problema en la isla: el grupo ecologista GEN-GOB ha solicitado a la Guardia Civil que investigue posibles extracciones ilegales de agua potable en el mismo aeropuerto.
Fuera de Baleares, en Málaga, el Ayuntamiento cerró al baño las playas de Pedregalejo y El Palo a finales de julio debido a niveles de E. coli superiores a los legales, detectados en los puntos de muestreo Acacias y Casa Pedro. La Junta de Andalucía ha iniciado una investigación para determinar el origen del vertido. Este verano, más de 13 millones de viajeros transitarán por la Costa del Sol, cuya infraestructura de saneamiento está diseñada para la población residente y no para los picos de afluencia de agosto. España enfrenta este problema de forma recurrente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó al Estado español en diciembre de 2025 por incumplir reiteradamente la directiva europea sobre aguas residuales urbanas, tras una multa previa en 2018 de 12 millones de euros fijos más 10,95 millones por cada semestre de retraso. Ecologistas en Acción ha documentado este patrón en su informe anual Banderas Negras: de las 48 banderas negras distribuidas por el litoral español este año, 14 corresponden a vertidos y sistemas de saneamiento deficientes, siendo la categoría más numerosa del informe. "Nos estamos bañando en muchos casos en nuestra propia mierda", resumió Lucas Barrero, portavoz de la organización.
Ibiza, que atrae a nueve millones de personas anualmente con su oferta de sol, fiesta y aguas turquesas, ve cómo esta cifra aumenta cada temporada, mientras que la capacidad de su depuradora permanece inalterada. Parece que las consecuencias de este desajuste se manifiestan a través del mismo sistema que debería estar tratando las aguas residuales.
