El excandidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, ha expresado fuertes críticas hacia las recientes propuestas de seguridad del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Cepeda considera que estas medidas amenazan el Estado de derecho y los derechos humanos, sugiriendo que el país podría estar encaminándose hacia un modelo de gobierno paramilitar.
Desde Bogotá, el excandidato a la presidencia por la izquierda, Iván Cepeda, ha manifestado su descontento con las primeras iniciativas de seguridad reveladas por el futuro presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Cepeda señaló que estas propuestas representan un riesgo para la legalidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. "Colombia está empezando a adoptar las características de una administración paramilitar", declaró Cepeda en un comunicado publicado en plataformas digitales, explicando que esta conclusión se fundamenta en las tres estrategias de seguridad presentadas por De la Espriella.
Estas iniciativas incluyen la formación de grupos de búsqueda urbanos para combatir el crimen, así como la creación de "primeras líneas de seguridad" compuestas por militares veteranos y reservistas. También se contempla la reactivación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y la construcción de grandes prisiones privadas, las cuales serían gestionadas por un nuevo cuerpo penitenciario también integrado por reservistas.
Cepeda, quien es senador por el partido de izquierda Pacto Histórico, argumentó que la formación de estas unidades de seguridad implicaría transferir funciones que corresponden exclusivamente a las fuerzas del orden a entidades privadas. Esto, en su opinión, quebranta el monopolio constitucional del uso de la fuerza y replica modelos históricamente asociados con el paramilitarismo. "La trayectoria del paramilitarismo en Colombia nunca ha resultado en mayor seguridad, sino en un aumento de la violencia, la arbitrariedad y la impunidad", afirmó en una declaración difundida en sus perfiles de redes sociales.
Además, Cepeda cuestionó la anunciada política de "tolerancia cero" frente a los bloqueos y actos de vandalismo durante las manifestaciones. Considera que esta postura implica una penalización de la protesta social. En este contexto, rechazó la intención de restablecer el Esmad de la Policía, un grupo que, según sus palabras, estuvo implicado en serias violaciones de los derechos humanos durante administraciones anteriores.
