Cuatro reporteros de The New York Times han sido convocados a declarar ante un jurado federal en relación con una indagación del Departamento de Justicia de EE. UU. Esta investigación se centra en la divulgación de datos confidenciales vinculados al reciente Air Force One. La situación ha generado descontento en el ámbito político y ha provocado una respuesta firme por parte del periódico en defensa de la libertad de prensa.
Cuatro reporteros del periódico The New York Times han recibido citaciones para comparecer ante un jurado federal la próxima semana. Esto forma parte de una pesquisa llevada a cabo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la divulgación de información clasificada referente al nuevo Air Force One, obsequiado por la familia real de Catar. Los periodistas convocados son Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt, quienes previamente publicaron un artículo sobre las presuntas inquietudes de seguridad expresadas por el Servicio Secreto en torno a la aeronave presidencial. La investigación tiene como objetivo identificar la fuente que reveló dicha información. Según reportes, el artículo provocó el malestar del entonces presidente Donald Trump.
Tras la cumbre de la OTAN, realizada esta semana, el presidente Trump viajó inicialmente desde Turquía a una base militar en el Reino Unido a bordo del antiguo avión presidencial Boeing, para luego abordar la nueva aeronave. El mandatario justificó el cambio como un acto de “nostalgia”.
El nuevo Air Force One genera controversia
El mes pasado, Donald Trump descontinuó el Boeing 747-200B, utilizado por los presidentes estadounidenses desde la década de 1990, y comenzó a utilizar el avión donado por la familia real catarí. La aeronave ha provocado debates en Washington debido al elevado costo de su adaptación a los estándares de seguridad presidencial, además de las dudas sobre su confiabilidad y los posibles conflictos de interés derivados de su origen.
The New York Times impugnará la citación
The New York Times ha declarado que objetará la orden judicial, al considerar que representa una amenaza para la libertad de prensa y la capacidad de los medios para obtener información de interés público. El abogado principal de la redacción, David McCraw, criticó además que los periodistas fueran notificados en sus domicilios. “Esta acción descarada no debe interpretarse sino como un intento de impedir que la ciudadanía sepa lo que ocurre en su país, intimidando a los reporteros para que no cumplan con su labor”, expresó McCraw en un comunicado.
