Venezuela ha registrado un aumento significativo en el número de víctimas mortales por el doble terremoto del 24 de junio, superando las 5.000 personas. Las autoridades continúan brindando asistencia a miles de familias afectadas y han establecido campamentos temporales, mientras se gestiona la reconstrucción de viviendas y se han contabilizado numerosas réplicas sísmicas.
Caracas (EFE) .- La cifra de personas fallecidas a causa del doble sismo que sacudió Venezuela el 24 de junio ascendió a 5.069 este viernes, tras confirmarse 139 nuevos decesos, según informó Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento. Asimismo, detalló que el número de heridos se mantiene en 16.740. Las personas que perdieron sus hogares suman 17.907, según el balance difundido en la cuenta de Telegram de Rodríguez, quien también es hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
De acuerdo con el informe de Rodríguez, las autoridades han proporcionado apoyo a 128.324 familias impactadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5. Además, 21.235 individuos se encuentran alojados en 107 campamentos provisionales. Desde el 24 de junio, el reporte añadió que se han documentado 1.331 réplicas. La más intensa ocurrió en la mañana del 10 de julio, cuando se registró un movimiento telúrico de magnitud 3,9 a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, la zona más afectada por el doble terremoto. Esta réplica, ocurrida hace una semana, generó temor entre la población y activó evacuaciones preventivas de edificios.
El Gobierno anunció el fin de semana pasado el inicio de un censo biométrico para determinar la cantidad exacta de viviendas necesarias, estimando que podrían ser alrededor de 25.000. El martes, el Parlamento venezolano aprobó una propuesta de reforma de ley destinada a acelerar la construcción de residencias en el país, como consecuencia de los terremotos. Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, explicó que esta modificación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria –la cual requiere un segundo debate para su aprobación definitiva– busca establecer mejores condiciones con seguridad jurídica y capacidad de financiamiento, con el objetivo de que el sector privado inicie un "proceso enérgico" de edificación de viviendas.
