Estados Unidos ha comenzado a aplicar gravámenes adicionales a productos importados de 60 países, con tarifas que oscilan entre el 10% y el 12.5%. Esta acción sigue a una investigación que encontró que estas economías no están implementando efectivamente las prohibiciones contra bienes producidos con trabajo forzoso. La medida busca presionar a los gobiernos para que refuercen sus controles y reemplaza un esquema temporal previo.
Estados Unidos ha implementado gravámenes adicionales sobre mercancías importadas procedentes de 60 países, con tasas que varían del 10% al 12.5%. Esta decisión se tomó después de la expiración del plan provisional establecido a principios de año por la administración anterior. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció esta medida, basándose en pesquisas sobre la inadecuada aplicación de las prohibiciones contra la importación de artículos elaborados mediante trabajo forzoso; las economías afectadas representan aproximadamente el 99.4% de las importaciones estadounidenses.
El comunicado de la USTR señaló que el 2 de junio de 2026 se determinó que las “acciones, políticas y prácticas” de las 60 economías examinadas, en relación con la imposición y ejecución de prohibiciones sobre bienes fabricados con trabajo forzoso, “no son razonables”. La tarifa del 10% se aplicará a aquellas naciones que ya poseen una prohibición sobre importaciones por trabajo forzoso, que han asumido compromisos en tratados comerciales o que disponen de mecanismos parciales para prevenir el ingreso de productos vinculados a esta práctica. Entre las economías incluidas se encuentran Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido.
Ciertos productos de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas entre el 10% y el 12.5%, mientras que otras naciones afrontarán el máximo del 12.5%. China fue excluida de esta relación debido a que mantiene un sistema comercial distinto con Estados Unidos y ya se le aplican aranceles específicos a sus productos; el nuevo esquema sustituye los gravámenes generales del 10% que la Casa Blanca había impuesto temporalmente. La administración empleó la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para implementar las nuevas tarifas, una herramienta diseñada para establecer restricciones contra prácticas comerciales consideradas injustificadas o discriminatorias.
El Representante Comercial, Jamieson Greer, manifestó que esta disposición busca motivar a otros gobiernos a adoptar controles efectivos contra el trabajo forzoso. Se contemplan excepciones para determinados productos —entre ellos petróleo, gas y fertilizantes— y quedarán excluidos los bienes que ingresan bajo acuerdos de libre comercio como el USMCA. Los aranceles serán cubiertos inicialmente por los importadores estadounidenses, quienes habitualmente trasladan una parte del costo a los consumidores. La USTR informó que algunos países modificaron sus normativas durante la evaluación y lograron mitigar el impacto de las tarifas; India, por ejemplo, fue considerada inicialmente para el 12.5% pero finalmente enfrentará el 10%. El debate sobre la efectividad de las restricciones persiste, mientras la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que aproximadamente 27.6 millones de individuos se encontraban en situación de trabajo forzoso en el año 2021.
