La Fiscalía boliviana ha dictado una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, acusándolo de terrorismo y levantamiento armado. La decisión se deriva de su supuesta participación en las protestas y bloqueos de carreteras ocurridos entre mayo y junio, que buscaban la dimisión del presidente Rodrigo Paz. Estos eventos causaron graves interrupciones y pérdidas humanas y económicas en el país.
La Paz (EFE).- Este miércoles, la Fiscalía de Bolivia ha instruido la aprehensión del exmandatario Evo Morales (2006-2019). Se le imputan cargos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, entre otros, por su presunta vinculación con las manifestaciones y cortes de rutas que tuvieron lugar entre mayo y junio, las cuales exigían la dimisión del presidente Rodrigo Paz.
La disposición, emitida por el fiscal Brayan Melgar y confirmada a EFE por una persona cercana al exlíder, también atribuye a Morales supuestos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, incitación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Durante un período de siete semanas, entre mayo y junio, agricultores de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron cierres de vías, principalmente en el occidente y centro de Bolivia, con el respaldo de agrupaciones afines a Morales, demandando la renuncia del presidente Paz como su "única exigencia".
Los bloqueos generaron escasez de alimentos, combustibles y oxígeno médico en diversas ciudades, provocaron al menos 16 fallecimientos (13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a las interrupciones viales) y ocasionaron perjuicios económicos superiores a los 3.000 millones de dólares.
La denuncia fue presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la cual posteriormente se unió el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo. La acción legal también incluye al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y al principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien se encuentra en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación relacionada con estos mismos acontecimientos.
El expresidente Morales niega haber promovido la renuncia de Paz y sostiene que las movilizaciones buscaban que el Gobierno respondiera a las solicitudes de los sectores movilizados. No obstante, el 24 de mayo escribió en la red social X que el mandatario tenía solo "dos caminos" ante los conflictos: "militarizar" el país o convocar a elecciones en los próximos 90 días.
Tras alcanzar acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos. Posteriormente, la Policía y el Ejército se desplegaron en las carreteras para remover los obstáculos y restablecer la circulación.
Morales ha permanecido desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba (centro), su bastión político y sindical, custodiado por centenares de sus seguidores para impedir que se ejecute una orden de captura en su contra por una investigación de trata agravada de personas.
