El gobierno de Donald Trump busca una compañía privada para localizar en México, Guatemala y Honduras a migrantes previamente deportados o que abandonaron voluntariamente Estados Unidos, con el fin de cobrarles multas migratorias pendientes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha emitido una convocatoria federal para encontrar una empresa capaz de gestionar estas deudas que suman más de 400 millones de dólares.
En Los Ángeles (EFE).- La administración del presidente Donald Trump tiene la intención de contratar a una corporación privada para que identifique y ubique en México, Guatemala y Honduras a individuos que fueron deportados o que salieron de Estados Unidos de manera voluntaria, y que aún poseen sanciones migratorias sin saldar. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detalla en una solicitud de contratación federal que requiere una firma con la capacidad de encontrar a estas personas fuera del territorio estadounidense, notificarles acerca de su deuda y administrar el proceso de cobro.
“El contratista deberá ser una compañía registrada en Estados Unidos que pueda ofrecer servicios avanzados de localización de deudores en, como mínimo, México, Honduras y Guatemala”, indica el documento. Una vez que la persona sea encontrada, la empresa tendrá que comunicarle el monto adeudado y facilitar el pago total de la multa, un acuerdo para abonarla en cuotas o cualquier otra solución para la obligación financiera. El dinero podrá ser cubierto por el propio inmigrante o por un tercero.
La empresa también deberá evidenciar a las autoridades estadounidenses que identificó a la persona correcta. Para ello, podrá recolectar pruebas como fotografías de su residencia, recibos de servicios básicos o registros laborales. Si el individuo ha fallecido, deberá obtener un certificado de defunción. La CBP estima que alrededor de 66,387 inmigrantes expulsados o que salieron voluntariamente de EE.UU. tienen sanciones civiles pendientes de pago. En total, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) calculaba en julio que existen aproximadamente 423 millones de dólares en multas migratorias sin pagar.
El gobierno de Trump reactivó el año anterior la recaudación de multas civiles contra inmigrantes por diversas transgresiones a la legislación migratoria, incluyendo el incumplimiento de una orden de expulsión. La penalización diaria por no acatar una orden de este tipo se estableció originalmente en 500 dólares por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) en 1996 y actualmente asciende a 998 dólares al día después de los ajustes por inflación.
El gobierno estadounidense ya emplea empresas privadas para recolectar este tipo de deudas, pero hasta ahora estas operan desde suelo estadounidense. La CBP mantiene actualmente órdenes de servicio con tres firmas privadas de cobro encargadas de recuperar multas y otros cargos impuestos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza.
