Un juez de Staten Island ha dictaminado la suspensión provisional del nuevo impuesto “pied-à-terre” de Nueva York, una medida fiscal clave del alcalde Zohran Mamdani, tras denuncias de propietarios sobre fallos en la identificación de contribuyentes. Aunque la ciudad apeló inmediatamente, lo que podría reactivar la medida, el conflicto se centra en la defectuosa implementación, no en el principio del gravamen. Este impuesto busca recaudar USD 500 millones anuales de propiedades de lujo no residenciales.
Un magistrado del estado de Staten Island ordenó detener temporalmente la puesta en marcha del nuevo impuesto “pied-à-terre” en Nueva York, una de las principales iniciativas fiscales impulsadas por el alcalde Zohran Mamdani. Esta decisión se produjo después de que varios dueños de propiedades reportaran graves imprecisiones en la identificación de las personas obligadas a pagar el tributo. El veredicto representa un obstáculo para una normativa que pretende recaudar aproximadamente USD 500 millones al año mediante un cargo adicional a las propiedades de lujo utilizadas como segundas residencias. Sin embargo, la interrupción del impuesto quedó rápidamente envuelta en ambigüedad: la ciudad presentó su recurso de apelación el mismo lunes, y, de acuerdo con reportes, este recurso anula automáticamente la orden judicial mientras el proceso legal continúa.
La controversia no se centra inicialmente en la legalidad del impuesto, sino en la metodología que la administración municipal empleó para su implementación.
Residentes permanentes recibieron avisos
El nuevo cargo tributario está dirigido a aquellos propietarios que no residen de forma permanente en determinadas viviendas de alto valor. La regulación abarca casas tasadas en más de USD 5 millones, así como condominios y cooperativas cuyo valor alcance al menos USD 1 millón. El inconveniente surgió cuando la ciudad divulgó un listado de aproximadamente 960.000 propietarios potencialmente afectados por el impuesto y envió notificaciones a unas 17.000 direcciones. Entre los receptores figuraron personas que utilizan esas propiedades como su domicilio principal y que, por lo tanto, no deberían estar sujetas al recargo.
Los propietarios que llevaron el caso a los tribunales argumentan que la ciudad trasladó a los ciudadanos la responsabilidad de demostrar que habían sido incluidos de forma incorrecta. La denuncia acusa a la administración de haber obligado arbitrariamente a residentes de Nueva York a comprobar que no debían abonar el nuevo impuesto. Para los demandantes, ese error convierte el lanzamiento del tributo en un problema jurídico que va más allá de una simple equivocación administrativa.
Un revés para una de las apuestas fiscales de Mamdani
Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul presentaron el impuesto en abril como una herramienta para obtener nuevos fondos de los propietarios con mayor patrimonio. El alcalde defendió desde el principio la medida como un gravamen destinado específicamente a quienes poseen propiedades de altísimo valor, pero no las utilizan como su residencia principal. “Este impuesto pied-à-terre está concebido específicamente para los más adinerados entre los ricos”, había declarado Mamdani cuando la iniciativa se convirtió en ley. Ahora, la ejecución de la medida quedó en manos de los tribunales.
El abogado Randy Mastro, quien interpuso la demanda, criticó duramente la actuación del gobierno municipal y sostuvo que la administración buscó un anuncio de gran impacto político sin cumplir correctamente con los requisitos legales para poner en funcionamiento el recargo. La ciudad, por su parte, rechazó el fallo y defendió tanto la legalidad del impuesto como su capacidad para aplicarlo correctamente.
La ciudad apela y el conflicto continuará
El Departamento Legal de Nueva York presentó la apelación inmediatamente después de la decisión judicial. El portavoz adjunto del alcalde, Matt Rauschenbach, aseguró que la administración discrepa con el fallo, pero mantiene su confianza en el impuesto y en la capacidad de la ciudad para implementarlo “de manera justa y efectiva”. La gobernadora Hochul también reconoció que existe frustración entre los ciudadanos por la forma en que se lanzó el programa, aunque se desmarcó de los problemas de implementación y sostuvo que esa responsabilidad corresponde a la ciudad. Desde Staten Island, el presidente del distrito, Vito Fossella, celebró la decisión judicial y calificó el lanzamiento del impuesto como uno de los episodios de implementación de políticas públicas peor gestionados que ha presenciado.
Una pelea que puede convertirse en un problema político
Más allá de la disputa jurídica, el impuesto abrió un nuevo frente político en Nueva York. Sus partidarios consideran que la ciudad debe obtener mayores ingresos de los propietarios con capacidad económica para adquirir viviendas multimillonarias que no utilizan como residencia principal. Sus detractores advierten, en cambio, que imponer nuevos costos a los propietarios más ricos podría incentivar la salida de capital y de contribuyentes de altos ingresos de Nueva York.
El debate adquiere especial relevancia mientras los demócratas enfrentan presión electoral por el elevado costo de vida y el acceso a la vivienda. Por ahora, el futuro inmediato del impuesto depende de los tribunales. Los argumentos orales del caso están previstos para el 31 de agosto, fecha en la que podría comenzar a definirse si la ciudad puede continuar con la implementación del polémico recargo o deberá corregir primero el mecanismo utilizado para identificar a sus contribuyentes.
