El tribunal que sentenció a la exmandataria argentina Cristina Fernández en el caso 'Vialidad' ha dictaminado el embargo preventivo de sus propiedades. Esta medida busca asegurar el decomiso de bienes, una parte fundamental de la condena impuesta. Fernández fue encontrada culpable de irregularidades en la adjudicación de contratos viales durante sus mandatos y el de su difunto esposo, Néstor Kirchner.
Buenos Aires (EFE).- La instancia judicial que dictó sentencia contra la exgobernante argentina Cristina Fernández (2007-2015) en la investigación de corrupción conocida como 'Vialidad', por la cual cumple arresto domiciliario desde junio de 2025, ha establecido la retención cautelar de sus activos. La confiscación de estos bienes forma parte integral de la pena.
Fernández recibió una condena de seis años de reclusión y una inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos debido a irregularidades en la asignación de proyectos de infraestructura vial durante su administración y la de su cónyuge fallecido, Néstor Kirchner (2002-2007).
La resolución judicial comprende la incautación de propiedades valoradas en aproximadamente 685.000 millones de pesos (equivalentes a unos 450,6 millones de dólares), monto por el cual deben responder los nueve individuos condenados en el expediente, incluyendo a la exjefa de Estado.
El Tribunal Oral Federal N°2 determinó este miércoles, en una resolución a la que tuvo acceso EFE, que “es pertinente tomar las precauciones necesarias para proteger los bienes identificados” y así garantizar la efectividad de su decomiso.
Entre las propiedades afectadas por esta disposición se encuentra el apartamento donde Fernández cumple su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, el cual pertenece a la empresa inmobiliaria de la familia Kirchner-Fernández, Los Sauces S.A.
El Tribunal aclaró que la imposición de estos embargos no implica la confiscación o subasta inmediata de los bienes, ni modifica por el momento su titularidad, sino que garantiza su “indisponibilidad legal” mientras concluye el proceso de decomiso.
La investigación 'Vialidad' avanzó a juicio oral en 2019 y culminó en diciembre de 2022 con la condena de la entonces vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sentencia que fue confirmada en junio de 2025 por la Corte Suprema de Argentina.
