El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha imputado a once personas por su presunta implicación en un esquema masivo que facilitaba la obtención fraudulenta de tarjetas de residencia a ciudadanos chinos. La operación, que se extendió por una década, involucraba matrimonios simulados con ciudadanos estadounidenses, quienes recibían importantes pagos, y generó decenas de millones de dólares. Las autoridades lo consideran uno de los mayores fraudes matrimoniales en la historia del país.
En Washington (AP), el Departamento de Justicia ha presentado acusaciones contra casi una docena de individuos, señalándolos como participantes en una red ilícita valorada en millones de dólares. El objetivo de esta operación era ayudar a cientos de ciudadanos de China a conseguir de forma fraudulenta tarjetas de residencia permanente, conocidas como “green cards”, a través de matrimonios ficticios con ciudadanos de Estados Unidos.
Según documentos judiciales, los ciudadanos estadounidenses involucrados recibían pagos de hasta 30.000 dólares por contraer enlaces matrimoniales falsos con inmigrantes que buscaban obtener el estatus de residente legal permanente. Este plan se orquestó desde la ciudad de Nueva York.
De acuerdo con las autoridades, los acusados cobraban hasta 100.000 dólares por cada tarjeta de residencia. Esto les permitió generar decenas de millones de dólares a lo largo de la década que duró el esquema.
Las autoridades han manifestado que creen que el grupo organizó más de 1.000 uniones matrimoniales simuladas. Han calificado esta operación como uno de los mayores procesos por fraude matrimonial registrados en la historia de Estados Unidos.
El secretario de Justicia, Todd Blanche, declaró a los periodistas: “Este plan no fue una operación rápida y fugaz, sino una industria clandestina de años, valorada en miles de millones de dólares, diseñada para ayudar de manera delictiva a personas que, de otro modo, no se convertirían, o legalmente no podrían convertirse, en ciudadanos de Estados Unidos”.
Estos cargos se presentan en un contexto donde el gobierno del presidente Donald Trump ha implementado restricciones tanto en la inmigración legal como en la no autorizada, buscando fortalecer el control sobre quién puede ingresar al país o adquirir la ciudadanía.
Conforme a lo informado por las autoridades, tras reclutar a ciudadanos de Estados Unidos, los acusados organizaban enlaces matrimoniales falsos. En algunos casos, posteriormente, montaban fotografías familiares en lugares como restaurantes para dar una apariencia de legitimidad.
Seguidamente, los acusados asistían a los inmigrantes a navegar por el proceso de solicitud del estatus de residente legal permanente.
Blanche afirmó: “Estos esquemas tienen un coste real. Le quitan a nuestro país la capacidad de determinar quién debe y quién no debe ser admitido en Estados Unidos”.
