El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado a una corte federal que restablezca los cargos por tráfico de personas contra Kilmar Abrego García, un migrante salvadoreño que fue deportado "por error" en 2025. Este caso, que se convirtió en un símbolo de la política migratoria del gobierno de Donald Trump, ha resurgido tras la desestimación inicial de los cargos por un juez de distrito, quien los consideró una "venganza" por parte de las autoridades.
El Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos ha pedido a un tribunal federal reactivar las acusaciones penales por tráfico de personas contra Kilmar Abrego García, un migrante que fue deportado "por equivocación" a El Salvador en 2025. En aquel momento, su situación se convirtió en un ejemplo destacado de la nueva estrategia migratoria implementada por el entonces presidente Donald Trump.
Documentos judiciales hechos públicos esta semana revelan que los fiscales presentaron una solicitud ante la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito para que se anule la decisión del juez Waverly Crenshaw, del distrito central de Tennessee. El 22 de mayo, el juez Crenshaw había rechazado las acusaciones contra el migrante, calificándolas de "represalia" del DOJ. "Este tribunal debe revertir la orden del tribunal de distrito que desestimó la acusación", argumentaron los fiscales, según el expediente.
Con este recurso, el DOJ pretende reavivar la controversia que rodea a Abrego García. El gobierno de Trump lo había enviado "por un error administrativo" junto con otros 230 migrantes a El Salvador, a pesar de que poseía un estatus que lo protegía de la expulsión y de una resolución de la Corte Suprema que dictaminaba que su deportación había sido ilegal.
Después de casi tres meses retenido en su país de origen y tras su regreso forzoso a Estados Unidos, el Departamento de Justicia lo acusó de conspirar para el transporte de extranjeros entre 2016 y 2025, y de transportar individuos indocumentados durante una detención de tráfico ocurrida en Tennessee en noviembre de 2022. Debido a estas acusaciones penales, presentadas por el DOJ en un intento de deportarlo nuevamente, el juez Crenshaw consideró que Abrego García fue objeto de una "persecución vengativa y selectiva, en contravención de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda", por lo cual desestimó los cargos en su contra.
El juez también concluyó que las afirmaciones del entonces fiscal general adjunto de EE. UU., Todd Blanche, reflejaban que el gobierno estaba persiguiendo al ciudadano salvadoreño únicamente porque había ganado la demanda tras su "deportación incorrecta".
