El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha entregado a la fiscal general y otras autoridades el 'Libro de la Verdad', un documento que detalla supuestos actos de corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro. Este compendio de 82 casos documentados se originó en el proceso de transición presidencial y busca esclarecer el manejo de los recursos públicos, atendiendo a una demanda ciudadana.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, entregó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y a otras instituciones de control el ‘Libro de la Verdad’, que reúne una serie de acusaciones de posible corrupción durante el mandato de su antecesor, Gustavo Petro (2022-2026). “Pongo formalmente en sus manos el Libro Blanco, con la esperanza de que ustedes harán lo que en derecho corresponde”, manifestó De la Espriella en un evento realizado en Bogotá, con motivo del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción.
La información fue recopilada durante los encuentros del fallido intento de traspaso de poder entre los equipos de De la Espriella y Petro, después de que ambos líderes optaran por no reunirse directamente al finalizar la administración previa y al inicio del nuevo Gobierno.
“Entregamos al país el Libro de la Verdad, con 82 casos documentados durante el proceso de empalme (transición de poder)”, escribió en X el vicepresidente, José Manuel Restrepo, donde adjuntó fotografías del documento.
¿Qué incluye el libro que entregó De la Espriella?
El libro consta de 135 páginas y registra 82 situaciones agrupadas en expedientes relacionados con presuntas anomalías en entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el sistema de salud, empresas estatales y programas sociales.
El documento también recopila información sobre contratos, acuerdos administrativos y decisiones presupuestarias que, según el Gobierno, muestran posibles patrones de corrupción.
De esta manera, De La Espriella enfatizó que la entrega del libro “responde a una exigencia ciudadana” de conocer el destino de los fondos públicos y determinar quiénes pudieron participar o beneficiarse de las irregularidades señaladas en el documento.
