Un City Marshal de Nueva York ha notificado el embargo y la próxima venta de bienes muebles de la Junta Central Electoral (JCE), en cumplimiento de una sentencia federal que exige el pago de US$838,337.50 a Latin Events, LLC. Con intereses y recargos, la suma adeudada asciende a casi un millón de dólares. Esta acción se suma a esfuerzos similares en República Dominicana para hacer cumplir el fallo judicial.
Un oficial judicial de la ciudad de Nueva York comunicó un aviso de incautación y posterior venta de bienes muebles pertenecientes a la Junta Central Electoral (JCE). Esta acción se enmarca en la ejecución de un dictamen federal que obliga a la entidad a abonar US$838,337.50 a la compañía Latin Events, LLC. La determinación fue emitida el 26 de noviembre de 2025 por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), bajo el expediente número 1:25-cv-02830-PKC, y fue registrada en la Secretaría del Condado de Nueva York el 20 de agosto de 2026. Según la documentación del expediente, el compromiso financiero sigue sin ser cubierto y, tras añadir intereses, cargos adicionales y costos, la cantidad reclamada alcanza actualmente US$982,261.88. Este monto continúa en ascenso debido a los intereses que se acumulan diariamente.
Entre los activos sujetos a la incautación se incluyen equipos de oficina, ordenadores, impresoras, aparatos electrónicos, mobiliario, televisores, obras de arte y otros artículos localizados en las instalaciones de la JCE en Manhattan. El aviso establece que los bienes serán subastados públicamente el próximo 1 de octubre de 2026, a las 9:00 de la mañana, a menos que la Junta Central Electoral pague la totalidad de la obligación con al menos 72 horas de antelación a la fecha establecida. Esta medida forma parte de las acciones emprendidas por Latin Events, LLC para ejecutar la resolución judicial y obtener el pago de la deuda, un proceso que también se mantiene activo en República Dominicana.
En el país caribeño, la decisión judicial estadounidense fue validada por los tribunales dominicanos mediante el Auto núm. 036-2026-SAUT-00294, una determinación que posteriormente fue impugnada en apelación por la JCE. Además, se mantiene vigente una retención sobre fondos de la Junta Central Electoral depositados en el Banco de Reservas, como parte de las gestiones para lograr el cumplimiento de la sentencia. El representante legal de Latin Events, LLC en República Dominicana, Julio Cury, afirmó que su cliente agotó todas las vías para conseguir que la JCE efectuara el pago de manera voluntaria antes de recurrir a las medidas de ejecución.
“Hemos explorado todas las alternativas posibles para conseguir un acuerdo de pago voluntario. La JCE ha decidido ignorar una sentencia definitiva y ejecutable, lo que ha obligado a nuestra empresa a continuar por la vía coercitiva tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana”, explicó Cury. Con la ejecución iniciada en Nueva York, los activos de la oficina de la JCE en Manhattan podrían ser vendidos en subasta pública para cubrir una deuda que, según los documentos del proceso, se aproxima al millón de dólares.
