Una investigación de la ONU ha revelado "motivos razonables" para creer que Estados Unidos cometió posibles crímenes de guerra mediante ataques indiscriminados en Irán, causando la muerte de civiles. Simultáneamente, el informe acusa a las autoridades iraníes de potenciales crímenes de lesa humanidad debido a la brutal represión de manifestaciones antigubernamentales. Este documento, el primero de su tipo, será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, destacando graves violaciones en ambos bandos.
La Misión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre Irán ha declarado que existen "bases sólidas" para considerar que Estados Unidos pudo haber cometido crímenes de guerra en dos incursiones aéreas al inicio del conflicto en territorio iraní. Un informe, que se entregará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, detalla los ataques del 28 de febrero contra una escuela en Minab y una zona residencial en Lamerd, ubicadas en el sur de Irán. Este documento representa la primera evaluación de la misión desde que comenzó el enfrentamiento.
El informe también responsabiliza al gobierno iraní por posibles crímenes de lesa humanidad, atribuidos a la represión de las protestas contra el gobierno que tuvieron lugar a finales de 2025 y principios de 2026.
Según la misión, el asalto a la escuela de Minab resultó en la pérdida de más de 150 vidas, incluyendo aproximadamente 120 menores. Los investigadores determinaron que las fuerzas armadas estadounidenses habrían incurrido en el crimen de guerra de lanzar un ataque indiscriminado, causando fallecimientos y lesiones a civiles, además de daños a bienes de carácter civil.
La misión sostuvo, además, que las tropas estadounidenses actuaron de forma intencionada y eran conscientes de un riesgo considerable de impactar objetivos civiles, lo que calificaron como una conducta de "negligencia extrema".
La investigación también analizó un bombardeo dirigido a una zona poblada de Lamerd, donde se vieron afectados un complejo deportivo, una escuela primaria y edificios residenciales. Este ataque causó la muerte de al menos 22 personas, según el documento. En esta operación se empleó un misil PrSM que diseminó alrededor de 180.000 fragmentos de tungsteno sobre una extensa área. La misión concluyó que, dadas las circunstancias del ataque, el armamento no podía ser dirigido contra un objetivo militar específico ni limitar sus efectos sobre la población civil, conforme a las exigencias del derecho internacional humanitario.
El informe también subraya serias infracciones de los derechos humanos perpetradas por las autoridades iraníes durante las manifestaciones de finales de 2025 y comienzos de 2026. La misión considera que algunas de estas acciones podrían constituir crímenes contra la humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamientos, torturas y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil.
De acuerdo con el documento, las fuerzas de seguridad iraníes utilizaron fuerza letal contra manifestantes y transeúntes, incluyendo niños. La represión, según los investigadores, significó una escalada en comparación con campañas represivas anteriores, con un uso generalizado de la fuerza que provocó numerosas muertes, lesiones y detenciones.
La misión indica que al menos 221 niños perdieron la vida durante la represión. Asimismo, documentó denuncias sobre el empleo de armas y municiones fuera de los parámetros establecidos, así como detenciones arbitrarias y acoso dentro de hospitales contra pacientes, personal sanitario y familiares. Las autoridades iraníes también habrían obstaculizado el acceso de manifestantes heridos a servicios médicos, incluso en situaciones que requerían atención de emergencia.
Las cifras de víctimas de la represión varían según la fuente. El Gobierno iraní reportó 3.117 fallecidos durante los días 8 y 9 de enero, mientras que la organización de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, cifró el número en más de 7.000 muertos. La misión de la ONU no estableció una cifra definitiva de víctimas para todo el periodo de protestas, pero documentó los abusos y señaló que la represión estuvo acompañada de una intensificación del uso de la pena de muerte contra manifestantes. Entre marzo y agosto, al menos 29 hombres fueron ejecutados tras ser condenados por su participación en las protestas, mientras que otras 70 personas seguían en riesgo de ejecución, según el informe.
La misión concluyó que la población civil iraní se encuentra expuesta tanto a las violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades iraníes como a los efectos del conflicto militar con Estados Unidos e Israel. Ante esta situación, los investigadores instaron a los gobiernos de Irán y Estados Unidos a poner fin a las transgresiones, ofrecer garantías de no repetición y proporcionar compensaciones a las víctimas y a los estados afectados.
El informe será presentado formalmente ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde los expertos expondrán sus conclusiones sobre los abusos cometidos durante el conflicto y las protestas.
