La Procuraduría General ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para 25 personas implicadas en la Operación Cobra 2.0-A, una nueva etapa de la pesquisa sobre un supuesto esquema de corrupción que habría desviado recursos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La solicitud, presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, busca declarar el proceso como complejo debido a la multiplicidad de hechos y afectados, estimando el perjuicio en más de 40 millones de pesos dominicanos.
El Ministerio Público ha requerido una medida de coerción de dieciocho meses de prisión preventiva para veinticinco individuos relacionados con la Operación Cobra 2.0-A, una reciente etapa de la indagación sobre una presunta trama de corrupción que, se alega, sustrajo fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). El pedido de medida cautelar fue entregado en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por un equipo de fiscales liderado por Mirna Ortiz, quien encabeza la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). El Ministerio Público también solicitó que el proceso sea clasificado como complejo, argumentando la diversidad de sucesos, víctimas y posibles involucrados. Esta línea de investigación ha cuantificado en más de cuarenta millones de pesos dominicanos los recursos supuestamente malversados.
El expediente, que consta de aproximadamente quinientas veinticinco páginas, incluye a profesionales de la medicina, ex trabajadores de SeNaSa y otras personas que, conforme a la acusación preliminar, habrían participado en maniobras para defraudar a la administradora estatal de riesgos de salud. Entre los procesados se encuentran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez. También figuran los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo. La petición también abarca a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Pepca ha señalado que la investigación podría expandirse. “Lo que hemos presentado hoy es una prueba adicional de esto. Esta es la tercera operación que vincula fondos que han sido sustraídos al Seguro Nacional de Salud en esta tercera etapa de la investigación”, declaró Ortiz. “Hemos solicitado medidas de coerción contra veinticinco individuos, entre ellos, médicos, personas ligadas al sector salud, ex empleados de SeNaSa y quienes se confabularon con ellos para ejecutar esta estafa contra dicha entidad y contra el pueblo dominicano, porque el dinero del Seguro Nacional de Salud son recursos públicos, es dinero de la ciudadanía”, enfatizó. Ortiz indicó que, hasta este momento, la solicitud se dirige contra personas físicas, pero advirtió que las indagaciones podrían intensificarse. “Pero, como es de su conocimiento, nuestras investigaciones suelen ampliarse y apenas estamos en el inicio”, manifestó.
La Operación Cobra 2.0-A comprendió treinta y siete allanamientos llevados a cabo en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. En los operativos participaron cuarenta y cinco fiscales, doscientos agentes de la Policía Nacional y dieciséis miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales, además del respaldo de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI). Esta nueva fase profundiza en las investigaciones iniciadas con la Operación Cobra, a través de la cual el Ministerio Público judicializó a antiguos funcionarios de SeNaSa y otras personas por un presunto esquema de corrupción en detrimento de la aseguradora estatal. El tribunal deberá ahora establecer la fecha de la audiencia para considerar la solicitud de medida de coerción contra los veinticinco imputados.
