Un juez ha decidido llevar a juicio con jurado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su asesora, Cristina Álvarez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Esta determinación pone fin a una investigación de casi dos años y medio, iniciada por una denuncia de Manos Limpias. Ambas deberán responder ante la justicia, con la Fiscalía solicitando su absolución.
El magistrado Juan Carlos Peinado ha emitido este lunes la orden de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, cónyuge del presidente del Gobierno, por sospechas de tráfico de influencias y malversación, y contra su asesora, Cristina Álvarez, únicamente por este último cargo. Tal como se anticipaba, el juez, recién vuelto de un receso, remite a ambas a un proceso judicial con un tribunal popular antes de su inminente jubilación esta misma semana, concluyendo así una pesquisa que comenzó hace aproximadamente dos años y medio tras una querella de Manos Limpias.
En su resolución, de sesenta y siete páginas, Peinado desestima imponer medidas cautelares o exigir fianza a las acusadas, pero sí dispone la indagación sobre la «capacidad económica» de Begoña Gómez mediante el Punto Neutro Judicial, solicitando sus últimas cinco declaraciones de la renta para considerar posibles responsabilidades económicas. Sin medidas cautelares, también se estipula para ambas la «obligación» de mantenerse «en todo momento» a disposición del juzgado y de la Audiencia Provincial de Madrid, instancia a la que se enviará ahora el expediente para fijar la fecha del juicio. Deberán notificar cualquier modificación de «domicilio o ubicación».
Las acusaciones populares, coordinadas por Hazte Oír, solicitan trece años de prisión para Begoña Gómez y seis para Cristina Álvarez. La causa se centra en el rol de la esposa del presidente como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el programa informático desarrollado en su marco y el trabajo desempeñado por su asesora, remunerada con fondos públicos. La Fiscalía y las defensas piden la exoneración. El juez estima que ambas acusadas deben responder como «responsables civiles directas y solidarias» por la reclamación de la Complutense, que exige 113.509 euros en concepto de perjuicio.
Como ha hecho en otras decisiones, para sustentar la acusación de tráfico de influencias, el juez hace referencia al reinado de Fernando VII. Peinado declara que no es posible «hallar un caso de características semejantes, ya que las conductas que provienen de palacios presidenciales, como esta situación, parecen más propias de regímenes absolutistas, por fortuna, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado» y afirma que «quizás habría que remontarse al reinado de Fernando VII».
Alude al «cambio drástico» que, según él, experimentó la trayectoria profesional de Begoña Gómez cuando Pedro Sánchez asumió la Moncloa, en junio de 2018, con «decisiones públicas favorables» a la cátedra que su esposa codirigía, las cuales «pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento particular de su posición relacional». Menciona un encuentro en el Palacio de la Moncloa entre Gómez y el rector, quien posteriormente comunicó al vicerrector: «Tenemos que establecer una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente». Esto, para el juez, «intensifica el indicio de tráfico de influencias» en Gómez.
Peinado narra que Begoña Gómez «proyectaba simultáneamente su posición institucional, su labor académica y sus vínculos con directivos y empresas con intereses o conexiones con el sector público» en el contexto de la financiación de la cátedra. Respecto a su asesora, Cristina Álvarez, considera probado que Gómez contó «de manera constante» con su apoyo en el desarrollo de la cátedra y en el registro del ‘software’. Peinado opina que la esposa de Sánchez «pudo apropiarse» de dicho programa y es aquí donde percibe indicios de malversación contra ella y su asesora, así como en el supuesto uso de la dedicación de esta empleada para «tareas ajenas a la función institucional del puesto».
El juez descarta en su auto repetir la audiencia preliminar celebrada hace un par de semanas, como solicitó el letrado de Cristina Álvarez, ante la inasistencia de su representada. Una ausencia «creada y provocada voluntariamente por la propia acusada» al no haber estado disponible para el tribunal, afirma el juez, quien no aprecia en ningún caso menoscabo a su defensa ni argumento alguno de nulidad.
El Gobierno ha manifestado su desaprobación a la determinación del juez Juan Carlos Peinado, al considerar que se trata de una instrucción «arbitraria e injusta» que obedece únicamente a una persecución judicial por ser la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Ejecutivo ha mantenido una postura muy crítica con la actuación de Peinado en este asunto, y tras la decisión de este lunes, fuentes de Moncloa han «condenado» dicha resolución y han señalado que es una instrucción «arbitraria e injusta» que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer de Sánchez. Insisten en la misma línea en que son incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción. Una instrucción en la que aseguran que ha quedado clara y demostrada la inocencia de la esposa del presidente, como creen que se demostrará también en el juicio. Por ello, aseguran que el Gobierno mantiene su plena confianza en que el jurado impartirá justicia.
