La expresidenta argentina Cristina Fernández y su hijo, Máximo Kirchner, enfrentan acusaciones de haber aumentado el patrimonio de una de sus empresas hoteleras en más de un 12.000% a través de presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y dádivas. Estas imputaciones surgieron durante la primera sesión del juicio oral por el caso conocido como 'Hotesur-Los Sauces', donde se investigan irregularidades financieras ligadas a contratos públicos.
Buenos Aires (EFE).- La antigua presidenta de Argentina, Cristina Fernández (2007-2015), junto a su hijo Máximo Kirchner, fueron señalados este viernes por haber elevado el capital de una de sus compañías hoteleras en más del 12.000%, empleando supuestas estrategias de blanqueo de capitales, organización delictiva y entregas de sobornos. Esto ocurrió durante la jornada inaugural del proceso judicial oral por el expediente conocido como ‘Hotesur-Los Sauces’.
La sesión se llevó a cabo en el Tribunal Oral Federal N.º 5 (TOF 5) de Buenos Aires. Tanto Fernández, quien cumple detención domiciliaria desde junio de 2025 por otro asunto de corrupción, como su descendiente, participaron de manera remota, al igual que los demás diecinueve imputados. Mientras se enunciaban las acusaciones, la Fiscalía afirmó que, entre los años 2006 y 2016, el valor contable de Los Sauces –una firma hotelera propiedad de la familia– creció de 100.000 pesos a 12.122.430,26 pesos, por medio de transacciones con empresas vinculadas a convenios de obras estatales.
La exmandataria fue también imputada por haber “ideado, implementado y dirigido” un esquema de reciclaje de fondos obtenidos ilícitamente desde enero de 2009 hasta marzo de 2016. A Fernández se le imputa el delito de asociación ilícita, en su calidad de principal responsable, y lavado de dinero, los mismos cargos atribuidos a su difunto cónyuge, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007). El hijo de ambos, el diputado Máximo Kirchner, está acusado como el organizador de la presunta asociación delictiva.
La Fiscalía detalló que el 88% de la facturación de Los Sauces entre 2009 y 2016 provino de compañías ligadas a Lázaro Báez, un empresario del sector de la construcción encarcelado desde 2016 por otra investigación de corrupción, y a dos empresarios de medios afines al kirchnerismo, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Los tres también están acusados en este proceso. Según la imputación, los pagos se efectuaron a través del arrendamiento de inmuebles y establecimientos hoteleros, lo que posibilitó incorporar al patrimonio familiar dinero presuntamente derivado de irregularidades en la obra pública y de beneficios comerciales.
Los fiscales mencionaron la existencia de una estructura organizada que permitió a sus líderes, durante más de una década, “sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos y luego con esos fondos iniciar un camino de retorno de dichos fondos a través de distintos mecanismos de lavado de dinero a favor de la ex familia presidencial”.
Respecto al rol de Fernández, indicaron que ella aprobó los balances económicos de Los Sauces entre 2006 y 2016, avaló la adquisición de propiedades y ratificó contrataciones con empresarios bajo investigación. Máximo Kirchner, por su parte, presidió la sociedad, aprobó estados contables y suscribió contratos de arrendamiento. Los fiscales también alertaron sobre anomalías en una serie de transacciones inmobiliarias mediante las cuales la familia Kirchner habría adquirido, a través de Los Sauces, varias propiedades tanto en el sur del país como en la capital.
Después de su inicio este viernes, el juicio proseguirá con sesiones los días lunes, viernes y sábados. El siguiente paso será la lectura de los cargos correspondientes al caso ‘Hotesur’, que se juzga conjuntamente con la causa ‘Los Sauces’ y que también indaga el blanqueo de capitales a través de operaciones hoteleras. Paralelamente, Fernández, sentenciada por irregularidades en la adjudicación de obras públicas, enfrenta desde noviembre de 2025 otro proceso judicial por corrupción, acusada de liderar una asociación ilícita que recibía dádivas de empresas de construcción, energía y transporte a cambio de contratos estatales.
