Una magistrada de la Audiencia Nacional ha otorgado al Consejo de Ministros un plazo de quince días para permitir la publicación de informes clasificados. Estos documentos están vinculados a la llegada masiva y no autorizada de individuos desde Marruecos a Ceuta. La decisión busca esclarecer la conducta de las autoridades marroquíes durante los incidentes de julio de 2026.
Una jueza de la Audiencia Nacional de España ha concedido un lapso de quince días al Consejo de Ministros, con el fin de que autorice la divulgación de papeles reservados concernientes al ingreso numeroso e irregular de individuos desde Marruecos hacia Ceuta, un enclave español en el norte de África. La magistrada María Tardón, quien lleva la investigación del asunto, ha requerido informes y documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la agencia de inteligencia de España, sobre el proceder de los funcionarios marroquíes durante los sucesos que tuvieron lugar el 30 y 31 de julio de 2026.
El requerimiento abarca los informes producidos por el CNI y remitidos a diversas autoridades a partir del 30 de julio, además de otros expedientes clasificados que detallen las acciones de Marruecos en relación con estos acontecimientos. Adicionalmente, la jueza ha solicitado una relación de las autoridades que recibieron informes previamente desclasificados los días 27 y 30 de julio, junto con los registros de cualquier otro documento enviado después del 30 de julio. La información debe especificar la fecha y hora de cada envío y una certificación que confirme la recepción de los documentos por parte de los destinatarios.
Esta petición persigue que el Gobierno español facilite el acceso judicial a datos que se mantienen bajo reserva y que podrían ayudar a dilucidar lo acontecido en la frontera de Ceuta y la intervención de los representantes marroquíes.
