Un fiscal especial de Corea del Sur ha solicitado la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol, argumentando que debe afrontar la máxima condena por haber impuesto la ley marcial en diciembre de 2024. Esta petición se realizó durante una audiencia de apelación, donde los investigadores consideran insuficiente la cadena perpetua previamente impuesta por el delito de rebelión. La defensa del exmandatario rechaza las acusaciones, calificándolas de infundadas.
Un fiscal especial de Corea del Sur solicitó este jueves la pena capital para el expresidente destituido Yoon Suk Yeol. La petición se basa en que el exmandatario debe asumir la máxima responsabilidad por haber instaurado la ley marcial en diciembre de 2024. Esta solicitud se presentó durante una audiencia de apelación contra la condena de cadena perpetua que se le había impuesto por el delito de rebelión.
El Tribunal Superior de Seúl aún no ha establecido la fecha para emitir su fallo sobre el recurso presentado por Yoon, quien fue sentenciado en febrero por el Tribunal del Distrito Central de Seúl. En su veredicto, los jueces determinaron que el expresidente movilizó ilegalmente a efectivos militares y policiales para controlar la Asamblea Nacional, arrestar a opositores políticos e intentar establecer un gobierno sin contrapesos durante un largo periodo.
Los investigadores, bajo la dirección de la fiscal especial Cho Eun-suk, también apelaron la sentencia, considerando que la cadena perpetua no es suficiente dada la gravedad de los hechos. Durante la audiencia, el equipo de la fiscalía sostuvo que solo la pena capital permitiría exigir una responsabilidad total por un delito que, según su argumento, amenazó la democracia surcoreana. Los fiscales agregaron que la moratoria de facto sobre las ejecuciones en Corea del Sur no debería evitar que los tribunales impongan la pena de muerte cuando la seriedad del crimen lo justifique. Sin embargo, una ejecución final sería improbable, ya que el país asiático no ha llevado a cabo ninguna desde 1997.
Por su parte, los abogados de Yoon rechazaron los argumentos de la Fiscalía y calificaron la solicitud de pena de muerte como una postura que carece de evidencia y base jurídica. La defensa insistió en que la declaración de la ley marcial buscaba advertir a la población sobre lo que el exmandatario consideraba intentos de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, de paralizar la gestión estatal. La defensa también afirmó que Yoon no tenía la intención de causar daño ni de establecer un régimen autoritario.
Yoon anunció la ley marcial durante la noche del 3 de diciembre de 2024, una decisión que provocó una profunda crisis política en Corea del Sur. La medida se mantuvo activa por unas horas, hasta que un grupo de legisladores logró superar el bloqueo de militares fuertemente armados y policías en la Asamblea Nacional y votó para revocarla, obligando al Gobierno a levantarla. El entonces presidente fue suspendido de su cargo el 14 de diciembre de 2024, después de que la Asamblea Nacional aprobara su destitución política. En abril de 2025, el Tribunal Constitucional confirmó su salida definitiva del puesto. Posteriormente, Yoon fue detenido nuevamente en julio de 2025 y enfrentó diversos procesos penales relacionados con la declaración de la ley marcial y otras acusaciones. El cargo de rebelión es el que contempla las sanciones más severas.
Además de apelar la condena de cadena perpetua por rebelión, Yoon también recurrió una sentencia de 30 años de prisión en un caso vinculado a presuntas órdenes para realizar vuelos de drones sobre Corea del Norte en 2024. Según la acusación, estas operaciones buscaban incrementar deliberadamente las tensiones entre ambos países y generar un pretexto para declarar la ley marcial. Los abogados del exmandatario rechazaron esa interpretación y argumentaron que los vuelos de drones fueron una respuesta al envío de miles de globos cargados de basura desde Corea del Norte hacia territorio surcoreano.
