El jurista Félix Portes ha solicitado formalmente a la Procuraduría General de la República una investigación sobre el desempeño reciente de fiscales en la Unidad de Violencia de Género del Distrito Nacional. Según Portes, estas acciones comprometen la efectividad de los procesos penales y la confianza de las víctimas en el sistema judicial. El abogado ha expresado su preocupación por lo que considera un patrón de debilitamiento de los casos, especialmente aquellos que involucran a individuos con influencia social o económica.
El letrado Félix Portes dirigió una petición oficial a la Procuraduría General de la República para que se inicie una pesquisa inmediata sobre la conducta reciente de los fiscales asignados a la Unidad de Violencia de Género del Distrito Nacional. A juicio de su oficina, estas actuaciones ponen en riesgo la solidez de los procedimientos judiciales y la seguridad que las personas afectadas depositan en el sistema de justicia. Portes manifestó que, en más de dos décadas de ejercicio profesional, jamás había observado que el Ministerio Público respaldara una solicitud de la defensa de un acusado por violencia de género, pidiendo que los propios agentes involucrados fueran citados como testigos. El propósito de esta petición era cuestionar la hora registrada en el acta de detención y, de esta manera, debilitar la tesis del caso que el mismo Ministerio Público y la parte acusadora están obligados a sustentar.
Los sucesos tuvieron lugar durante la audiencia del Expediente número 2026-0236973, con fecha del 11 de julio de 2026, instaurado contra el señor Natanael Gutiérrez Pérez. Este individuo está imputado de infringir los artículos 309-1, 309-2, 309-3 literal E, 330 y 333 del Código Penal Dominicano, una clasificación establecida por el Ministerio Público. En ese momento, la representante de dicho organismo declaró: “Señora magistrada, si la defensa argumenta una violación a derechos fundamentales, para asegurar la equidad en una próxima audiencia, nosotros también solicitaremos al Tribunal la oportunidad de que los agentes intervinientes estén presentes, a fin de que la presente solicitud de la defensa sea sometida a contradicción.”
Para el experto en leyes, esta situación no es un hecho aislado. Indicó que, en las últimas semanas, ha notado procesos en los que, desde su perspectiva profesional, las solicitudes de medidas de coerción se presentaron sin incluir pruebas que considera fundamentales para sustentar la imputación, lo que resulta en una disminución de la fuerza de la teoría del caso. El jurista también advirtió que, a su parecer, estas circunstancias se han concentrado en procesos de gran resonancia o que involucran a imputados con considerable relevancia social o solvencia económica. Aclaró que se trata de una apreciación profesional que la propia institución debe clarificar, y que por esta razón es indispensable que la Procuraduría General determine, mediante una investigación imparcial e independiente, si existe un patrón institucional o si cada actuación obedece a criterios legales válidos.
“Desafortunadamente, desde mi punto de vista profesional, la forma en que se están manejando algunos casos de violencia de género en el Distrito Nacional ha cambiado, y no para mejor”, expresó el Dr. Portes. “Esa percepción debe ser disipada por la propia institución a través de una investigación seria, transparente e independiente, porque la confianza de las víctimas en la justicia no puede ser comprometida.”
El abogado afirmó que, según ha podido constatar, algunos expedientes llegan debilitados a los tribunales —con pruebas importantes que quedan fuera del proceso— y que este patrón aparente parece favorecer a imputados con poder económico o relevancia social, una situación que, precisamente por su gravedad, exige una verificación institucional inmediata. A modo de contexto, y según información de dominio público, el señor Gutiérrez Pérez es una figura política de la provincia de Barahona. En el año 2023 fue presentado como vicesecretario de Desarrollo e Innovación de la Secretaría de Desarrollo Rural del Partido Fuerza del Pueblo, y con miras a las elecciones de 2024 figuró como precandidato a senador por dicha provincia por esa organización. Posteriormente se conoció su salida de Fuerza del Pueblo y la creación del movimiento “Desarrollemos Barahona”. En mayo de 2024 fue identificado como enlace de los partidos y movimientos aliados a la campaña del presidente Luis Abinader en Barahona.
La firma legal aclara que estos datos se proporcionan únicamente como un elemento de contexto y no implican, por sí solos, la atribución de ningún trato específico; corresponde a la investigación solicitada establecer, de manera objetiva, si en este u otros procesos han influido o no criterios ajenos a los estrictamente legales. En consecuencia, la firma solicitó a la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso; al Director General de Persecución, Wilson Camacho; y a la Directora Nacional contra la Violencia de Género, Ana Andrea Villa Camacho, que ordenen una investigación administrativa urgente sobre las actuaciones señaladas y adopten las medidas correspondientes conforme a sus resultados.
Finalmente, Félix Portes & Asociados reiteró que continuará vigilando el respeto a los derechos de las víctimas y defendiendo un Ministerio Público fuerte, independiente y comprometido con una persecución penal objetiva, técnica y efectiva, sin privilegios ni excepciones para ninguna persona.
