La amenaza de un alza en el precio del transporte público reveló una fuerte alineación entre el Gobierno y la mayoría de los transportistas organizados para mantener las tarifas congeladas. Mientras tanto, las autoridades han enfocado su fiscalización en un pequeño grupo de rutas que decidieron incrementar los precios sin autorización, a pesar de los subsidios estatales. Esta situación subraya una estrategia dual del gobierno: diálogo y subsidios para la mayoría, y estricta supervisión para los disidentes.
La posibilidad de un incremento en el costo del pasaje puso en evidencia una dinámica poco notoria en el ámbito del transporte colectivo: el Ejecutivo logró unificar a casi la totalidad del transporte organizado en torno a una misma determinación, mientras concentra la supervisión en un grupo limitado de rutas que optaron por desvincularse del acuerdo general.
En una reunión llevada a cabo a principios de esta semana en las instalaciones del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Grupo G12 y la Unión Nacional de Empresas de Transporte (UNET) confirmaron su intención de no modificar las tarifas, a pesar del incremento en los gastos operativos y la fluctuación de los precios internacionales del petróleo.
El presidente de la UNET, Reynaldo Pérez Sánchez (Moreno), afirmó que el 99% del transporte organizado apoya la decisión de no subir el pasaje y sostuvo que los usuarios no deben soportar el impacto económico que enfrenta el sector. Explicó que la estabilidad de los precios ha sido posible gracias a la comunicación con el Gobierno y a los apoyos económicos que siguen vigentes para el diésel y el Bono Gas Chofer.
No obstante, mientras se ratificaba dicho compromiso, el director del Intrant, Milton Morrison, confirmó que una comisión compuesta por inspectores de esa entidad, la Digesett, la Policía Nacional y el Ayuntamiento de Santiago está interviniendo las pocas rutas que sí aplicaron incrementos sin aprobación. Morrison también informó que algunos de estos transportistas reciben el subsidio estatal del Bono Gas Chofer, por lo que consideró contradictorio que ignoraran la decisión tomada por la mayoría del sector y reiteró que la Ley 63-17 establece que solo el Intrant puede autorizar cambios en las tarifas del transporte público.
El encuentro también trajo consigo otro anuncio relevante para el sector: el Intrant comenzará en los próximos meses la subasta de vehículos en desuso que se encuentran retenidos en los canódromos, un proceso que, según la institución, había estado paralizado durante ocho años y busca retirar de manera definitiva de circulación unidades que ya no cumplen las condiciones para reincorporarse al parque vehicular.
Más allá del compromiso de mantener el pasaje sin cambios, la jornada demostró una estrategia gubernamental basada en dos frentes: preservar la estabilidad de las tarifas mediante ayudas económicas y diálogo con la mayor parte de los transportistas, y aumentar la fiscalización sobre aquellos que decidan actuar al margen de las disposiciones oficiales.
