La trágica muerte de Darlin Mercado a manos de un agente policial ha reavivado el debate sobre la eficacia de la Policía Nacional. Abogados consultados concuerdan en que el problema central no reside en la normativa legal, sino en las deficiencias institucionales respecto a la selección, supervisión y control de sus miembros, señalando la necesidad de reformas profundas para evitar futuras tragedias.
El fallecimiento del joven Darlin Mercado, provocado por un oficial de policía, ha puesto nuevamente en discusión las debilidades de la Policía Nacional. Aunque el procedimiento judicial progresa y la legislación dominicana contempla sanciones para tales sucesos, los letrados consultados coinciden en que el principal reto no es la escasez de normas, sino las carencias institucionales relacionadas con la elección, vigilancia y control de los agentes.
Para Bunel Ramírez Merán, quien representa legalmente a la familia de Darlin Mercado, la respuesta del sistema de justicia ha sido apropiada en esta fase del proceso, tras la imposición de una medida de coerción al acusado. Según su opinión, el comportamiento imputado al agente se encuentra claramente tipificado en el Código Penal dominicano, por lo cual el marco legal actual proporciona las herramientas necesarias para que, de confirmarse su responsabilidad, sea condenado. En este sentido, considera que el caso debe servir para iniciar una conversación más amplia sobre los mecanismos de prevención dentro de la institución policial y las acciones que permitan disminuir el riesgo de que situaciones similares se repitan.
La normativa existe; el desafío se encuentra en la institución
El abogado Robinson Reyes, consultado de forma independiente, concuerda en que la legislación dominicana garantiza un procedimiento judicial transparente y ofrece los medios necesarios para que se imparta justicia. No obstante, estima que las principales deficiencias radican en la Policía Nacional, entidad encargada de prevenir delitos y asegurar el cumplimiento de la ley. A su juicio, parte de esas debilidades se manifiestan en que miembros de las fuerzas del orden terminan envueltos en procesos penales, una realidad que, afirma, exige una revisión más exhaustiva de los mecanismos de selección, capacitación, supervisión y seguimiento de los agentes.
La prevención entra en el debate
Como parte de las propuestas surgidas a raíz del caso, Bunel Ramírez Merán sugirió la implementación de un departamento permanente de salud mental dentro de la Policía Nacional, encargado de evaluar y proporcionar seguimiento psicológico a los agentes para determinar si están aptos para portar armas de fuego. Esta propuesta concuerda con una de las medidas consideradas en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que establece la realización de monitoreos periódicos de salud mental para los miembros activos, además de las evaluaciones aplicadas durante el proceso de ingreso, como parte de las acciones orientadas a fortalecer los controles internos de la institución.
El mismo proyecto también propone la institucionalización de un Protocolo de Selección del Personal, la creación de una Dirección de Incorporación con alcance nacional, la descentralización del proceso de reclutamiento y el refuerzo de la depuración de los aspirantes mediante la interoperabilidad con instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la Procuraduría General de la República para verificar antecedentes e información relevante.
Una reforma que trascienda las leyes
El abogado independiente considera que la muerte de Darlin Mercado también evidenció el descontento ciudadano frente a actuaciones atribuidas a miembros de la Policía Nacional, reflejado en las protestas y cacerolazos registrados después del suceso. Asimismo, afirmó que persiste la percepción de un trato desigual hacia personas de estratos socioeconómicos bajos y medios bajos durante algunas intervenciones policiales, lo que, a su juicio, sigue afectando la confianza de parte de la población en la institución.
Para ambos juristas, el caso va más allá del proceso penal que actualmente se tramita en los tribunales y representa una oportunidad para revisar la efectividad de los mecanismos de selección, evaluación, supervisión y seguimiento de los agentes policiales, con el propósito de fortalecer la institución y prevenir nuevas tragedias.
Como parte del proceso judicial, la Oficina de Atención Permanente impuso 12 meses de prisión preventiva al agente policial imputado por la muerte de Darlin Mercado y declaró el caso complejo, aceptando la solicitud presentada por el Ministerio Público. Con esta resolución, el órgano acusador dispondrá de un período más extenso para completar la investigación y presentar la acusación formal, mientras el imputado permanecerá privado de libertad durante el desarrollo de esa etapa del proceso.
