El economista Juan Ariel Jiménez, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, ha expresado su desacuerdo con la Ley 30-26, conocida como ley anticrisis, argumentando que sus disposiciones no salvaguardan a la clase media. Además, señaló que los ciudadanos dominicanos afrontan costos de combustible elevados, equiparables a un barril de petróleo entre 90 y 100 dólares. Jiménez reitera la importancia de establecer un fondo para la estabilización de los precios de los combustibles.
El economista y líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Ariel Jiménez, manifestó su crítica este martes a la denominada Ley 30-26, conocida como ley anticrisis. Considera que las medidas incluidas en dicha legislación no cumplen con el objetivo de proteger a la clase media. Asimismo, el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo afirmó que, en la actualidad, los dominicanos pagan por los combustibles como si el valor internacional del petróleo se situara entre noventa y cien dólares por barril.
“No comprendo cómo mantener una gasolina más costosa de lo habitual beneficia a la clase media. Tampoco entiendo cómo el incremento en el cobro o la retención aplicada a los proveedores informales contribuye a la clase media”, explicó el economista durante una entrevista en el programa El Día. Jiménez también cuestionó el aumento de los impuestos a las transferencias bancarias y sostuvo que las disposiciones incorporadas en la ley no favorecen a los segmentos más vulnerables, a pesar de que este fue uno de los propósitos declarados por el Gobierno.
Como una alternativa, el dirigente peledeísta destacó su iniciativa sobre la creación de un Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. El propósito de este sería disminuir el impacto de las fluctuaciones del mercado global en los consumidores. Explicó que el sistema consistiría en proyectar un valor de referencia del petróleo de acuerdo con las condiciones del mercado. Cuando el costo internacional superara ese nivel, el fondo se usaría para mantener los precios internos; cuando el crudo disminuyera, los recursos volverían a nutrirlo, evitando trasladar variaciones abruptas al consumidor final.
Jiménez aseveró que este modelo ya se implementa en naciones como China, Colombia y Uruguay. Consideró que su aplicación permitiría gestionar con mayor transparencia la política de fijación de los precios de los combustibles. Según su criterio, un esquema de esta naturaleza ofrecería mayor previsibilidad tanto para los consumidores como para el Estado, al reducir el efecto de las variaciones del petróleo en los mercados internacionales.
