El Poder Ejecutivo ha implementado una nueva normativa que impide a las instituciones estatales solicitar a ciudadanos y empresas documentos o datos que ya se encuentren registrados en otra dependencia pública. Esta medida busca optimizar los servicios, reducir la burocracia y agilizar los trámites mediante un intercambio seguro y estandarizado de información entre los organismos gubernamentales, promoviendo una gestión de datos más eficaz.
El Ejecutivo ha promulgado el Decreto 403-2026, estableciendo así el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos de la Administración Pública. Su propósito principal es que las entidades del Estado compartan información entre sí, evitando que ciudadanos y empresas tengan que proporcionar documentos o datos que ya estén en posesión de otra institución gubernamental. Esta iniciativa persigue optimizar los servicios públicos, disminuir la carga burocrática y simplificar los procedimientos, logrando un intercambio de datos, documentos electrónicos y otros registros entre los organismos estatales de manera segura, estandarizada y oportuna.
El decreto también sienta las bases para una administración más efectiva de la información bajo la custodia del Estado, con el fin de reducir la duplicidad de documentos, mejorar la calidad de los datos y facilitar la provisión de servicios públicos digitales integrados. El Ministerio de Administración Pública (MAP), como entidad rectora del Gobierno Digital, asumirá la responsabilidad de definir las directrices, normas y protocolos relacionados con la interoperabilidad y la gobernanza de datos. También supervisará el cumplimiento de la normativa y coordinará el Comité de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos. Por su parte, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) se encargará de la operación técnica del marco y de la Plataforma Única de Interoperabilidad, la infraestructura destinada al intercambio de información entre las instituciones públicas.
La disposición establece que cada organismo debe mantener sus registros de datos actualizados para facilitar el intercambio de información, aunque conservará la responsabilidad y el control sobre la información que gestiona. Además, esta normativa será de cumplimiento obligatorio para las instituciones de la administración pública central, descentralizada, autónoma, desconcentrada y de la seguridad social, así como para las entidades estatales que administren registros, sistemas de información, plataformas o servicios digitales.
En lo que respecta a la identidad, el decreto estipula que los procesos y servicios públicos que requieran validar información personal deberán coordinarse con la Junta Central Electoral (JCE), respetando las atribuciones de dicho órgano. Asimismo, especifica que los datos obtenidos mediante la interoperabilidad con el Registro Civil solo podrán ser empleados para propósitos legítimos y compatibles con las funciones de la institución solicitante.
Con la implementación del Decreto 403-2026, queda sin efecto el Decreto 92-22, que desde febrero de 2022 regulaba el Marco Nacional de Interoperabilidad Gubernamental.
