El Senado de la República Dominicana ha aprobado un préstamo de 200 millones de dólares destinado a mejorar la seguridad vial en el país. Estos fondos serán gestionados principalmente por el Intrant y el MOPC, abarcando desde la infraestructura de carreteras y entornos escolares hasta la modernización tecnológica y la asistencia a víctimas de accidentes. La iniciativa busca impulsar una movilidad más segura y eficiente en todo el territorio nacional.
En Santo Domingo, el Senado de la República dio su aprobación a un crédito de doscientos millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a once mil seiscientos millones de pesos dominicanos. Este monto permitirá al Poder Ejecutivo financiar un extenso programa enfocado en la seguridad del tránsito, con inversiones que serán dirigidas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La finalidad de esta iniciativa es robustecer la movilidad segura en la nación mediante la implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial, la cual abarca desde la intervención en vías y zonas escolares hasta la actualización de los sistemas de control de tráfico y la asistencia a personas afectadas por siniestros.
¿Cómo se empleará el dinero del préstamo?
El capital se distribuirá en diversas áreas concentradas en infraestructura, tecnología, educación y consolidación institucional.
Intervención en vías: US$139 millones
La porción más significativa de los recursos, correspondiente al 63.4 % del préstamo (ciento treinta y nueve millones de dólares), se destinará a la restauración de puntos identificados como críticos en importantes corredores viales del país. Las acciones se extenderán a la Carretera Sánchez, la Autopista de Las Américas, la Autovía del Este y la Autopista del Nordeste, donde se llevarán a cabo análisis técnicos utilizando la metodología internacional iRAP. Además, se ejecutarán trabajos como la rehabilitación de pavimentos, mejoras en la señalización, ajuste de rasantes y peraltes, adecuaciones para accesibilidad universal y el cierre de cruces no regulados.
Centros educativos más seguros: US$20 millones
Otro componente prioriza la protección de estudiantes y peatones en las proximidades de doscientos ochenta y seis centros educativos ubicados en Santo Domingo y Santiago. Con una inversión de veinte millones de dólares, el proyecto contempla la edificación de paradas de transporte, la instalación de reductores de velocidad, rampas de acceso, señalización, mejoras en aceras y pavimentos, así como la creación de espacios seguros para transeúntes y ciclistas. Adicionalmente, el Gobierno planifica llevar a cabo estudios técnicos y fomentar la contratación de pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres para ejecutar una parte de estas obras.
Tecnología, formación y auxilio a víctimas: US$35 millones
El tercer eje concentra treinta y cinco millones de dólares, divididos en tres ámbitos estratégicos:
Veinte millones de dólares para potenciar la gestión y fiscalización del tránsito, incluyendo la consolidación del Registro Nacional de Motocicletas, la puesta en marcha del Sistema Integral de Control y Monitoreo de Velocidad (Sicmov), el Centro de Control de la Movilidad y la modernización tecnológica del Intrant en tribunales y centros de expedición de licencias.
Nueve punto dos millones de dólares se asignarán al fortalecimiento institucional y educativo, mediante la elaboración de normativas complementarias a la Ley 63-17, el robustecimiento del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi), programas de educación vial en las escuelas y campañas de sensibilización ciudadana.
Cinco punto cinco millones de dólares financiarán mejoras en la atención a las víctimas de accidentes de tránsito, incluyendo el equipamiento para ambulancias y unidades de emergencia, así como capacitación especializada para el personal de salud.
Fondos para la gestión del programa
Los seis millones de dólares restantes se emplearán para cubrir los gastos administrativos y operativos del proyecto, entre ellos la coordinación de las unidades ejecutoras, auditorías, evaluaciones, supervisión técnica y el personal encargado de la implementación del programa. Con esta financiación, el Gobierno aspira a disminuir la tasa de siniestralidad vial a través de una combinación de proyectos de infraestructura, actualización tecnológica, educación ciudadana y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante emergencias.
