El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) ha instado al Congreso Nacional a evitar nuevas demoras en la implementación del Código Penal. La organización subraya la necesidad imperativa de una legislación modernizada para abordar los desafíos actuales del sistema judicial y garantizar la protección ciudadana. Según CODUE, esta actualización representa una obligación histórica, ya que la normativa actual es insuficiente ante las nuevas modalidades delictivas.
El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) exhortó al Congreso de la República Dominicana a no postergar una vez más la puesta en marcha del renovado Código Penal, argumentando que la nación necesita con apremio una regulación puesta al día que responda a los retos del sistema judicial. El dirigente de la institución, Feliciano Lacen Custodio, aseguró que la entrada en vigor del nuevo código simboliza una deuda pendiente de larga data, dado que la legislación vigente se ha quedado obsoleta frente a las modernas modalidades delictivas y las exigencias de amparo para los ciudadanos. En este contexto, el CODUE manifestó: “Estimamos que la nueva normativa penal constituye un marco legal superior al que actualmente se aplica. Por consiguiente, solicitamos que se permita la observancia de lo que la ley dictamina, una vez finalice el período de vacatio legis, para que entre en vigor tal como está previsto para el mes de agosto.”
Añadió que: “cualquier aspecto que requiera corrección o mejora podrá seguir siendo examinado de forma exhaustiva e integral, a través de un proceso de valoración y actualización que contribuya al robustecimiento del Código Penal y de la administración de justicia.” La asociación mantuvo que, aunque la flamante disposición legislativa no solucionará todas las problemáticas del país, sí representa un progreso en relación con el esquema legal presente, al proporcionar mayor certidumbre jurídica, fortalecer la salvaguarda de las garantías esenciales y optimizar la respuesta ante las dificultades sociales.
Por último, el CODUE externó su convicción de que las autoridades procederán con responsabilidad institucional y en estricta adhesión al orden democrático, priorizando el fortalecimiento del estado de derecho y el bienestar de la población.
