Miguel Surum Hernández, expresidente del Colegio de Abogados, ha instado a mejorar las condiciones laborales y la autonomía financiera del sistema judicial, criticando la falta de recursos y salarios adecuados. Asimismo, exigió una respuesta firme ante el presunto desfalco en el caso Senasa, pidiendo que se mantenga la prisión preventiva para los implicados y que los responsables rindan cuentas.
Durante una pausa en la audiencia de revisión de medidas cautelares relacionadas con el caso SeNaSa, Miguel Surum Hernández, quien fuera presidente del Colegio de Abogados, manifestó su preocupación por las condiciones laborales de jueces, fiscales y personal de apoyo judicial. Afirmó que estos profesionales operan en circunstancias inadecuadas y solicitó la aplicación de la Ley 194-04, la cual garantiza la autonomía económica. Subrayó que tanto el poder judicial como el Ministerio Público requieren mayores fondos y remuneraciones justas para llevar a cabo sus funciones de manera eficiente.
Surum describió como "inaceptable" el estado de algunas oficinas judiciales y enfatizó que esta situación compromete el acceso a la justicia y la salvaguarda de los derechos fundamentales. "Es lamentable que en la República Dominicana, debido al control ejercido por el Poder Ejecutivo sobre el sistema judicial, el Poder Judicial y el Ministerio Público, precisamente para dominarlos, sigamos contando con los mismos magistrados y fiscales de hace dos décadas", declaró.
En cuanto al caso SeNaSa, Surum insistió en la necesidad de una respuesta enérgica frente al presunto desvío de fondos y pidió que se mantenga la detención preventiva de los acusados. "La sociedad dominicana necesita y demanda justicia, y que los principales culpables asuman las consecuencias de sus acciones, no solo aquellos que cometen delitos menores", añadió.
La investigación sobre las supuestas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) cobró fuerza después de que la periodista Nuria Piera presentara un informe que revelaba anomalías en la gestión de esta ARS estatal. Tras la difusión de dicho reportaje, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), inició una investigación que culminó con el enjuiciamiento de varios exfuncionarios y personas vinculadas al asunto. Como parte del proceso, algunos de los involucrados están bajo prisión preventiva, mientras que otros cumplen arresto domiciliario. La revisión obligatoria de las medidas de coerción, establecida en el Código Procesal Penal, no constituye un juicio sobre el fondo del expediente, sino una evaluación para determinar si las circunstancias que justificaron las medidas cautelares continúan vigentes o si estas deben ser modificadas.
