La administración de Luis Abinader, a seis años de su inicio, muestra un panorama de estabilidad económica, notable crecimiento turístico y mejoras en seguridad. No obstante, enfrenta desafíos importantes como la informalidad, el encarecimiento de la vida y la necesidad de una reforma fiscal integral. A pesar de los progresos en infraestructura y educación, la percepción ciudadana del bienestar cotidiano no siempre acompaña los indicadores macroeconómicos positivos, dejando abierta la pregunta sobre el impacto real en la calidad de vida.
Seis años después de asumir el cargo, el liderazgo de Luis Abinader puede destacar una combinación inusual de firmeza económica, expansión del sector turístico, disminución de la pobreza y reducción de los delitos de homicidio. Sin embargo, se enfrenta a una dificultad considerable: los principales indicadores nacionales mejoraron a un ritmo más acelerado que la percepción diaria de bienestar de una porción significativa de la población. El país ha mantenido su crecimiento, con un incremento en las remesas y la inversión extranjera, y el turismo ha alcanzado niveles sin precedentes. Ni siquiera la pandemia logró frenar este sector por mucho tiempo. Los avances en la red de carreteras, la construcción de viviendas y centros educativos, el saneamiento de vías fluviales, los incrementos salariales sectoriales y la inversión en el ámbito deportivo son evidentes; a pesar de ello, la economía informal, el aumento del costo de la canasta básica en un 36%, los salarios modestos y las modificaciones tributarias representan una amenaza constante para el "Gobierno del Cambio". Abinader asumió la presidencia el 16 de agosto de 2020, en pleno brote de COVID-19, que provocó una contracción del 6.7% en el crecimiento nacional y paralizó casi por completo el país. Pero, a pesar de esa situación, la reactivación del turismo, entre otras medidas, permitió que la nación avanzara, con todo lo que ello conllevaba. En 2024, comenzó su segundo mandato consecutivo, lo que significa que el 16 de agosto de 2026 marcará seis años en el poder y dos años de su segundo período constitucional. Su mensaje inicial se centró en la lucha contra la corrupción, la salud, la educación, las obras públicas, el desarrollo económico, la justicia, la seguridad, la transparencia, la institucionalidad, las relaciones internacionales, la seguridad ciudadana, el turismo y el control migratorio, entre otros. En este contexto, la ciudadanía podría cuestionarse: ¿Qué transformaciones estructurales ocurrieron en República Dominicana y qué problemas fueron meramente gestionados, subvencionados o pospuestos para el futuro?
DESARROLLO ECONÓMICO A LO LARGO DE LOS SEIS AÑOS
La economía dominicana inició la gestión de Luis Abinader en 2020 en medio de una de las crisis económicas más severas causadas por la pandemia de COVID-19. Ese año, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo un 6.7%, resultado de la detención de actividades productivas, las restricciones de movimiento y el impacto en sectores como el turismo, el comercio y los servicios. En 2021, la economía experimentó una fuerte recuperación, y el PIB creció un 12.3%, impulsado por la reapertura de las actividades económicas, el resurgimiento del turismo, el consumo y la inversión. Este resultado representó una recuperación extraordinaria después de la contracción registrada el año anterior y marcó el mayor crecimiento del período analizado. El ritmo de expansión se moderó en 2022, cuando la economía creció un 4.9%. Aunque el resultado fue considerablemente menor al de 2021, mantuvo a República Dominicana entre las economías de mayor crecimiento en la región y permitió consolidar gran parte de la recuperación post-pandemia. La economía volvió a perder dinamismo en 2023, cuando el PIB creció un 2.2%. La desaceleración estuvo ligada a un menor ritmo de la demanda interna y a condiciones financieras más restrictivas, en un escenario internacional caracterizado por altas tasas de interés y las presiones inflacionarias acumuladas en años previos. En 2024, la actividad económica se aceleró, y el PIB aumentó un 5.0%, un resultado que permitió al Gobierno presentar el año como uno de recuperación después de la desaceleración de 2023. El desempeño fue respaldado por sectores como servicios, construcción, turismo, comercio y otras actividades relacionadas con el consumo y la inversión. Sin embargo, 2025 concluyó nuevamente con una desaceleración, al registrar la economía un crecimiento de apenas 2.1%. Este resultado representó un retroceso frente al 5.0% logrado en 2024 y se convirtió en uno de los principales desafíos económicos del segundo mandato de Abinader. En conjunto, los seis años muestran una trayectoria económica marcada por fluctuaciones significativas. La economía pasó de una contracción del 6.7% en 2020 a un crecimiento excepcional del 12.3% en 2021, para luego moderarse a 4.9% en 2022, 2.2% en 2023, recuperar el ritmo hasta 5.0% en 2024 y volver a desacelerarse a 2.1% en 2025. El crecimiento promedio durante estos seis años se sitúa en aproximadamente 3.3% anual, aunque este resultado debe interpretarse con precaución, ya que está influenciado por los dos extremos de la serie: la caída del 6.7% en 2020 y el repunte del 12.3% en 2021. La mediana se encuentra alrededor del 3.6%, mientras que la diferencia entre el crecimiento más alto y el más bajo alcanza 19 puntos porcentuales, una amplitud que evidencia la elevada variación del desempeño económico durante el período. La dispersión de los datos confirma que el crecimiento no siguió una senda estable. El comportamiento económico puede dividirse en cuatro fases: contracción en 2020, fuerte recuperación en 2021, normalización y desaceleración entre 2022 y 2023, recuperación en 2024 y una nueva pérdida de dinamismo en 2025. El comportamiento de 2026 introduce un nuevo elemento en el balance de los seis años de gobierno. Durante el primer semestre, la economía volvió a acelerar su ritmo de expansión. El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual del 6.4% en junio, mientras que, entre abril y junio, la actividad económica creció un 5.0% en promedio. Entre enero y junio de 2026, la economía acumuló un crecimiento del 4.5%, más del doble del 2.1% registrado durante todo 2025. El Banco Central también informó que el indicador de tendencia-ciclo presentó un crecimiento interanual del 5.5% en junio, señal de una reactivación del ritmo de la actividad económica. Este dato modifica parcialmente la perspectiva con la que se evalúa el segundo mandato de Abinader. Después de cerrar 2025 con el menor crecimiento del período, la economía comenzó 2026 con una recuperación que devuelve el crecimiento a niveles cercanos a los registrados durante los años de mayor expansión. En términos generales, el comportamiento económico de los seis años puede resumirse así: la administración de Abinader comenzó con una economía afectada por la pandemia, experimentó una recuperación extraordinaria, enfrentó posteriormente una desaceleración, recuperó el crecimiento en 2024, sufrió una nueva pérdida de dinamismo en 2025 y comenzó 2026 con indicios de recuperación. La pregunta que queda abierta para evaluar el impacto de este crecimiento no es solo cuánto aumentó el PIB, sino hasta qué punto ese crecimiento se tradujo en mayores ingresos, empleos formales, disminución de la pobreza, productividad y mejores condiciones de vida para los hogares dominicanos. Esa diferencia entre el desarrollo económico y el bienestar constituye uno de los puntos principales que debe examinar el balance de los seis años de gobierno.
LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS DE LUIS ABINADER: SEIS AÑOS ENTRE PROMESAS
Desde su llegada al poder en agosto de 2020, el presidente Luis Abinader ha situado las reformas económicas como uno de los ejes principales de su programa de gobierno. A lo largo de seis años de gestión, la administración ha impulsado modificaciones en materia fiscal, industrial, energética y de competitividad, si bien algunas de las transformaciones más ambiciosas, como una reforma fiscal integral, han quedado sin concretar o han sido reemplazadas por medidas parciales. El balance entre 2020 y 2026 muestra una combinación de reformas aprobadas, propuestas presentadas, acciones administrativas y procesos de cambio aún en curso.
LA REFORMA FISCAL, EL PRINCIPAL DESAFÍO PENDIENTE
La modificación del sistema tributario ha sido uno de los temas económicos más debatidos durante las administraciones de Abinader. Desde los primeros años de gobierno, el Ejecutivo reconoció la necesidad de revisar el esquema de impuestos y fortalecer las finanzas públicas. Sin embargo, el Gobierno decidió posponer en varias ocasiones una reforma tributaria integral. En 2021, Abinader anunció que no era el momento para aplicar nuevos gravámenes, en medio de las consecuencias económicas de la pandemia y del aumento de los precios internacionales. El asunto volvió a cobrar relevancia en octubre de 2024, cuando el Gobierno presentó el Proyecto de Ley de Modernización Fiscal. La iniciativa buscaba aumentar la capacidad de recaudación del Estado, reducir distorsiones y mejorar la eficiencia del sistema impositivo. La propuesta generó un amplio debate entre empresarios, legisladores y diversos sectores sociales. Finalmente, el proyecto no se convirtió en la reforma fiscal integral que inicialmente planteaba el Gobierno.
DE LA REFORMA INTEGRAL A MEDIDAS ECONÓMICAS ESPECÍFICAS
En 2026, la estrategia económica del Gobierno se centró en la implementación de acciones específicas para estimular el crecimiento y afrontar el impacto de la coyuntura económica internacional generada por el conflicto en Medio Oriente. Entre estas disposiciones se incluyó la Ley 30-26 sobre medidas pro-crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional, presentada como parte de un plan con cuatro componentes: impulso al desarrollo económico, simplificación tributaria, lucha contra la evasión y consolidación fiscal. Las determinaciones anunciadas incluyeron mecanismos de amnistía fiscal y cambios en el sistema del anticipo, con medidas dirigidas especialmente a beneficiar a micro, pequeñas y medianas empresas. Con este enfoque, el Gobierno optó por reformas y ajustes puntuales en lugar de avanzar hacia una transformación tributaria integral.
ESTÍMULOS PARA LA INDUSTRIA NACIONAL
Uno de los primeros cambios económicos aprobados durante la gestión de Abinader estuvo relacionado con el fortalecimiento de la producción nacional. En diciembre de 2020 se promulgó una modificación a la legislación de Proindustria, mediante la cual se extendieron incentivos fiscales para las empresas manufactureras. La medida estuvo orientada a mejorar la competitividad de la producción local, promover la modernización industrial, fortalecer las exportaciones y estimular la interconexión entre las industrias nacionales y las zonas francas. El Gobierno presentó esta reforma como parte de su estrategia para impulsar la recuperación económica y aumentar la capacidad productiva del país tras la crisis causada por la pandemia.
EL SECTOR ELÉCTRICO, UNA TRANSFORMACIÓN EN MARCHA
La modificación del sistema eléctrico ha permanecido como uno de los procesos económicos de mayor relevancia durante el período 2020-2026. La agenda gubernamental ha estado enfocada en incrementar la capacidad de generación, optimizar las redes de transmisión y distribución, disminuir las pérdidas y promover una mayor participación de las energías renovables. Aunque el sector ha experimentado inversiones y cambios en su estructura, la transformación eléctrica continúa siendo un proceso en desarrollo. La reducción de las pérdidas y la mejora de la eficiencia financiera de las empresas distribuidoras siguen figurando entre los principales desafíos. El Gobierno también ha vinculado estos cambios con la necesidad de asegurar un suministro energético más estable para los hogares y el sector productivo.
LA AGENDA DE HIDROCARBUROS Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Dentro de las reformas y transformaciones económicas anunciadas por el Gobierno también figura la revisión del sector de los hidrocarburos. La propuesta ha estado relacionada con la modernización de la matriz energética, la disminución de costos, una mayor eficiencia en el uso de combustibles y el impulso de fuentes de energía más limpias. Sin embargo, a diferencia de otros cambios aprobados mediante leyes específicas, la transformación del sector de hidrocarburos ha avanzado principalmente como parte de una agenda económica y energética más amplia.
SIMPLIFICACIÓN TRIBUTARIA Y LUCHA CONTRA LA EVASIÓN
La simplificación del sistema tributario se convirtió en uno de los principales componentes de las medidas económicas anunciadas en 2026. El propósito ha sido facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, especialmente para pequeños y medianos contribuyentes, mientras se fortalecen los mecanismos para detectar y reducir la evasión. Esta estrategia busca incrementar los ingresos públicos sin depender exclusivamente de la creación de nuevos impuestos, combinando estímulos, simplificación administrativa y mayores controles tributarios.
UN BALANCE ENTRE REFORMAS APROBADAS Y PROCESOS PENDIENTES
El período comprendido entre 2020 y 2026 deja un panorama económico marcado por cambios de distinta magnitud. La extensión de incentivos para la industria nacional representa una de las reformas aprobadas en los primeros meses de gobierno. Posteriormente, la discusión se centró en la necesidad de una reforma fiscal, que fue aplazada, retomada con el proyecto de Modernización Fiscal de 2024 y finalmente sustituida, al menos hasta ahora, por medidas económicas y tributarias específicas. Al mismo tiempo, sectores como la electricidad, los hidrocarburos y la administración tributaria han permanecido dentro de una agenda de transformación que continúa en desarrollo. La principal asignatura pendiente sigue siendo una reforma fiscal integral. Durante los seis años analizados, el Gobierno de Abinader ha reconocido la necesidad de mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas y aumentar la eficiencia del sistema tributario, pero no ha logrado convertir ese objetivo en una reforma estructural de amplio alcance. El balance, por tanto, muestra que la política económica del período ha evolucionado desde grandes propuestas de transformación hacia una estrategia de reformas parciales, incentivos sectoriales y medidas específicas para estimular el crecimiento y fortalecer las finanzas públicas.
TASA DE HOMICIDIOS DURANTE EL GOBIERNO DE LUIS ABINADER: DEL AUMENTO INICIAL A UNA REDUCCIÓN SOSTENIDA
La tasa de homicidios en la República Dominicana ha presentado un comportamiento fluctuante durante las administraciones del presidente Luis Abinader. Los datos oficiales indican que el indicador se incrementó entre 2020 y 2022, cuando alcanzó su punto más alto del período, antes de iniciar una tendencia a la baja que se consolidó entre 2023 y 2025 y que continúa durante 2026. Las cifras de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), para los años con registros anuales consolidados, ubican la tasa de homicidios intencionales en 9.16 por cada 100,000 habitantes en 2020, 11.06 en 2021, 13.08 en 2022, 11.55 en 2023 y 9.64 en 2024.
2020: EL PUNTO DE PARTIDA
Abinader asumió la Presidencia el 16 de agosto de 2020. Ese año culminó con 957 homicidios intencionales y una tasa de 9.16 por cada 100,000 habitantes, según los registros de la ONE. No obstante, la propia ONE ha señalado el contexto particular de ese resultado. El organismo indica que 2020 fue el nivel más bajo de la serie reciente y relaciona esa disminución con las políticas de confinamiento aplicadas durante la pandemia de COVID-19.
2021 Y 2022: LA TASA AUMENTA
La tendencia se modificó durante los dos años siguientes. En 2021 se registraron 1,165 homicidios intencionales, con una tasa de 11.06, mientras que en 2022 la cifra ascendió a 1,389 casos y la tasa alcanzó 13.08 por cada 100,000 habitantes. El año 2022 representó así el punto más elevado de homicidios intencionales dentro de la serie 2020-2024 analizada por la ONE. En comparación con 2020, el número de casos había aumentado en 432 homicidios para 2022, un incremento que marcó los primeros años de la gestión de Abinader antes del posterior descenso del indicador.
2023 INICIA EL DESCENSO
A partir de 2023, las estadísticas comenzaron a mostrar una disminución. Ese año se registraron 1,237 homicidios intencionales, en contraste con los 1,389 del año anterior, mientras la tasa bajó de 13.08 a 11.55 por cada 100,000 habitantes. Las autoridades han vinculado parte de esta reducción con el fortalecimiento de las estrategias de seguridad ciudadana, los operativos y el monitoreo constante de los indicadores delictivos.
2024: REGRESO A UNA TASA DE UN DÍGITO
La disminución continuó en 2024. Los datos de la ONE registraron 1,041 homicidios intencionales preliminares y una tasa nacional de 9.64 por cada 100,000 habitantes, lo que representó una reducción del 15.84% en la cantidad de casos respecto a 2023. De esta forma, el país volvió a cerrar el año con una tasa nacional inferior a 10 homicidios por cada 100,000 habitantes.
2025: LA TASA CONSOLIDADA FUE DE 8.7
Para 2025, el dato definitivo fue revisado después de un proceso de validación interinstitucional. El Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CADSECI), junto a las entidades de su Unidad Técnica Operativa, informó que la República Dominicana cerró el año con 951 homicidios intencionales y una tasa consolidada de 8.7 por cada 100,000 habitantes. La cifra fue superior en 0.6 puntos a una estimación preliminar difundida previamente. Las autoridades explicaron que el cambio se debió a la depuración, validación y consolidación definitiva de los registros. Con ese resultado, 2025 cerró por debajo de la tasa de 9.16 registrada en 2020 y también muy por debajo del máximo de 13.08 alcanzado en 2022.
2026: LA TASA ACUMULADA BAJA A 6.98
Las cifras de 2026 aún no son anuales definitivas. Hasta el 30 de junio, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 6.98 homicidios por cada 100,000 habitantes. El indicador había sido de 7.94 al 27 de marzo, descendió a 7.05 al 12 de junio y posteriormente se situó en 6.98, según los informes periódicos de la Policía Nacional. Las autoridades atribuyen esta tendencia a las acciones de la Fuerza de Tarea Conjunta, que incluyen operativos focalizados, labores de inteligencia, patrullaje preventivo e investigación y persecución del delito. Al cierre de junio, el Gobierno también informó que 28 de los 34 territorios analizados mantenían tasas de homicidios de un solo dígito.
COMBATE A LA CORRUPCIÓN BAJO LUIS ABINADER: SEIS AÑOS ENTRE PROMESAS, REFORMAS Y NUEVOS CASOS
La lucha contra la corrupción fue uno de los compromisos centrales de Luis Abinader al asumir la Presidencia en agosto de 2020. Su discurso se fundamentó en dos promesas clave: asegurar la autonomía del Ministerio Público y no permitir la impunidad, tanto para los casos pasados como para cualquier irregularidad que ocurriera durante su propia gestión. Seis años después, el balance muestra avances institucionales y nuevas herramientas de control, pero también casos de presunta corrupción surgidos dentro del Gobierno que han puesto a prueba esa promesa. En sus primeros meses en el poder, Abinader comenzó a estructurar la agenda anticorrupción. En octubre de 2020, el Gobierno firmó un acuerdo con las Naciones Unidas para fortalecer la prevención de la corrupción, la ética y la transparencia. Dos meses después presentó el Plan Integral de Reformas Institucionales, con propuestas de leyes, reglamentos y decretos dirigidos a combatir la corrupción y recuperar recursos públicos. También robusteció el rol de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y estableció el Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público. La estrategia coincidió con la decisión de mantener una separación pública entre el Poder Ejecutivo y las investigaciones del Ministerio Público, uno de los principales cambios políticos impulsados por la nueva administración. Durante los primeros años de gobierno, las investigaciones de mayor impacto se concentraron principalmente en presuntas redes de corrupción vinculadas a administraciones anteriores, entre ellas los casos Antipulpo, Coral y Calamar. Aunque el Ejecutivo defendió estas acciones como una demostración de que la justicia podía operar sin interferencias políticas, los procesos dependieron del Ministerio Público y, posteriormente, de los tribunales. El verdadero desafío para la promesa de “cero impunidad” surgió cuando comenzaron a aparecer denuncias e irregularidades en instituciones de la propia administración. El caso Camaleón, relacionado con presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), se convirtió en una de las principales pruebas. La investigación alcanzó al exdirector de la institución, Hugo Beras, y abrió un debate sobre la capacidad de los mecanismos de control para detectar irregularidades antes de que alcanzaran una dimensión penal. El caso evidenció una de las principales contradicciones del período: mientras el Gobierno avanzaba en la creación de mecanismos de transparencia, también surgían cuestionamientos dentro de organismos bajo su responsabilidad. Esto no significa necesariamente que las reformas hayan fracasado, pero sí demuestra que fortalecer los controles no equivale a eliminar automáticamente los riesgos de corrupción. En 2025, Abinader impulsó una nueva etapa de su agenda institucional. Mediante el Decreto 76-25 creó la Comisión Presidencial para establecer el Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción, con el propósito de coordinar políticas de prevención, transparencia, auditoría, acceso a la información y recuperación de activos. Para entonces, el Gobierno informó que la Digeig había remitido 47 denuncias al Ministerio Público, la Unidad Antifraude había enviado 426 informes al Pepca y la Dirección General de Contrataciones Públicas había cancelado 108 procesos. Ese mismo año, el Gobierno también destacó avances en los portales de transparencia. Según cifras oficiales, las instituciones en cumplimiento pasaron de 100 en 2021 a 201 en 2024, mientras se implementaron más de 106 códigos de integridad institucional y programas de capacitación para miles de servidores públicos. Sin embargo, 2025 volvió a colocar el tema de la corrupción dentro del propio Gobierno con las investigaciones en SeNaSa. Según la Presidencia, al recibir informaciones que generaron sospechas, se ordenó una investigación interna, el informe fue remitido al Ministerio Público y se instruyó a la institución a constituirse en actor civil para procurar la recuperación de los recursos que pudieran haber sido sustraídos. El caso SeNaSa reforzó la principal línea argumentativa de Abinader: que su administración no garantiza que no aparezcan casos de corrupción, sino que, cuando estos son detectados, deben ser investigados sin importar quién resulte involucrado. En febrero de 2026, durante su Rendición de Cuentas, el mandatario reiteró que en su Gobierno no existen “intocables” ni privilegios frente a la ley y sostuvo que había cumplido su advertencia de destituir y poner a disposición de la justicia a cualquier funcionario que utilizara indebidamente los recursos públicos. Durante 2026, la administración ha continuado reforzando esta estructura. En julio, Abinader anunció el fortalecimiento de la Unidad Antifraude de la Contraloría General, con mayores capacidades para prevenir, detectar e investigar posibles irregularidades en el uso de recursos estatales. El balance entre 2020 y 2026, por tanto, presenta una realidad compleja. Entre lo prometido y lo realizado existen avances concretos, especialmente en materia de independencia institucional, transparencia, prevención y coordinación entre organismos. La creación de nuevas estructuras y el fortalecimiento de mecanismos de control constituyen parte tangible de la agenda anunciada al inicio de la gestión. Pero también existe una debilidad evidente: durante estos seis años surgieron nuevos casos de presunta corrupción dentro de instituciones de la actual administración. Camaleón y SeNaSa, por ejemplo, demuestran que los controles no han impedido por completo la aparición de irregularidades. La principal diferencia con gobiernos anteriores, según la defensa oficial, está en la respuesta institucional: investigar, remitir los casos y permitir que la justicia determine responsabilidades. El desafío pendiente será comprobar si esa política se traduce en resultados definitivos, recuperación de recursos y sanciones cuando correspondan. En definitiva, el combate a la corrupción bajo Abinader ha pasado de la promesa política de “no impunidad” a la construcción de un sistema más amplio de prevención y control. Sus mayores avances están en la institucionalidad; su principal prueba continúa siendo demostrar que esas instituciones pueden actuar con la misma firmeza cuando las irregularidades ocurren dentro del propio Gobierno.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE ABINADER: TRANSPORTE, VIALIDAD Y SANEAMIENTO MARCAN LA INVERSIÓN ENTRE 2020 Y 2026
Desde su llegada al poder en agosto de 2020, el presidente Luis Abinader ha desarrollado una agenda de inversión en infraestructura que abarca el transporte masivo, carreteras, pasos a desnivel, edificaciones públicas y proyectos de agua potable y saneamiento. Entre las obras de mayor impacto se encuentran el Monorriel y el Teleférico de Santiago, la extensión del Metro hacia Los Alcarrizos, el túnel de la Plaza de la Bandera, el Paso a Desnivel de Pintura y la intervención de decenas de kilómetros de cañadas en el Gran Santo Domingo. Uno de los proyectos más ambiciosos de la gestión es el sistema de transporte de Santiago. El propio Abinader ha definido el Monorriel como la principal obra de infraestructura que se construye en el país, un proyecto que, junto al Teleférico, busca transformar la movilidad urbana de la segunda ciudad dominicana. Ambas infraestructuras forman parte de una estrategia para ampliar el transporte colectivo y reducir la dependencia del vehículo particular. En el Gran Santo Domingo, otra de las principales apuestas ha sido la extensión de la Línea 2 del Metro hacia Los Alcarrizos, mientras la red de movilidad urbana también recibió nuevas inversiones viales. En julio de 2026 fue inaugurado el túnel de la Plaza de la Bandera, de 1.2 kilómetros de longitud y diseñado para movilizar unos 2,500 vehículos por hora, con el objetivo de descongestionar uno de los principales accesos hacia la región Sur. A estas obras se suma el Paso a Desnivel de Pintura, construido en la intersección de la avenida Isabel Aguiar y la Prolongación 27 de Febrero, en Santo Domingo Oeste. La infraestructura busca agilizar el tránsito en uno de los corredores más congestionados del Gran Santo Domingo y mejorar la conexión con las principales vías hacia el Sur. El programa de infraestructura también ha incluido carreteras y obras de conectividad regional, entre ellas la rehabilitación de tramos de la Autopista Duarte y proyectos viales en distintas provincias, con especial atención a las conexiones hacia zonas turísticas, agrícolas y logísticas. Uno de los capítulos de mayor alcance social ha sido el saneamiento de cañadas mediante la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD). El programa fue anunciado desde 2020 como parte de la recuperación de los ríos Ozama e Isabela y la transformación de comunidades afectadas por contaminación e inundaciones. Durante los primeros años fueron entregadas cañadas como Altos de Sabana Perdida, San Luis, Lotes y Servicios II, El Manguito, 2 de Enero y Villa Emilia. Posteriormente se sumaron Los Rieles, Tiradentes, Los Dulceros, Villa Marina y Cancino Adentro, entre otras intervenciones. La CAASD informó que estos proyectos incluyeron no solo el encajonamiento de afluentes, sino también viviendas, redes de agua potable y aguas residuales, aceras, contenes y espacios comunitarios. En 2026, la institución reportó 45 kilómetros de cañadas intervenidos y 19 kilómetros entregados completamente saneados. Entre las obras concluidas figura la cañada Los Peralejos, entregada en febrero con una inversión superior a RD$223 millones y una intervención de 1,430 metros lineales. Mientras tanto, continuaban trabajos en Guajimía, Las Caobas, El Abanico, El Indio, Los Girasoles y otros afluentes, dentro de un programa que la CAASD proyectó ampliar hasta alcanzar 63 kilómetros de cañadas intervenidas en el Gran Santo Domingo. El balance de la gestión entre 2020 y 2026 muestra una concentración de recursos en grandes proyectos de movilidad y en obras de saneamiento con impacto directo en comunidades. Mientras el Monorriel de Santiago y la expansión del Metro representan la apuesta por modernizar el transporte masivo, infraestructuras como el túnel de la Plaza de la Bandera y el Paso a Desnivel de Pintura buscan responder al creciente congestionamiento vehicular. Al mismo tiempo, el saneamiento de cañadas se ha convertido en una de las inversiones sociales más visibles del período, al combinar infraestructura hidráulica con la transformación de sectores históricamente afectados por inundaciones, contaminación y falta de servicios básicos.
EDUCACIÓN BAJO ABINADER: MÁS AULAS Y AUMENTOS SALARIALES, PERO PERSISTEN RETOS EN CALIDAD Y RECLAMOS DOCENTES
La educación dominicana ha experimentado avances en infraestructura escolar, incrementos salariales para los maestros y nuevos programas de modernización durante los gobiernos del presidente Luis Abinader, entre 2020 y 2026. No obstante, el período también ha estado marcado por la persistencia del déficit de espacios educativos, reclamos de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el desafío de mejorar los niveles de aprendizaje. Su balance es positivo y se ha crecido y mejorado en educación, según expertos en el área. La actual administración asumió el Gobierno en agosto de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19 y con las escuelas cerradas. La primera etapa estuvo marcada por la educación a distancia y el posterior retorno a las aulas. Una vez superada la emergencia sanitaria, la prioridad se trasladó hacia la recuperación de los aprendizajes y la ampliación de la infraestructura educativa. La carencia de aulas continuó siendo uno de los principales problemas del sistema. En respuesta, el Gobierno aceleró la construcción, terminación y rehabilitación de planteles. En 2025 fue puesto en marcha el programa Aulas 24/7, destinado a mantener los trabajos de infraestructura durante el día, la noche y los fines de semana. Entre abril y agosto de ese año fueron entregadas 1,155 aulas, con capacidad para más de 42,000 estudiantes. Las inauguraciones continuaron en 2026, mientras el Gobierno anunciaba un nuevo Plan Nacional de Edificaciones Escolares para enfrentar el déficit acumulado. La necesidad de ese programa confirma, sin embargo, que la falta de espacios sigue siendo una de las principales presiones del sistema, especialmente al inicio de cada año escolar. La relación entre el Ministerio de Educación y la ADP también ha ocupado un lugar central. El gremio ha mantenido reclamos relacionados con la terminación de escuelas, reparación de planteles, nombramientos, evaluaciones a profesores, incentivos, pensiones y condiciones laborales. En materia salarial, el Gobierno aplicó un aumento del 10% a los docentes y posteriormente otro incremento del 8% al salario base en 2024, para un aumento acumulado del 18%, según datos del Ministerio de Educación. También se aprobaron mejoras para directores, jubilados y pensionados. Pese a ello, las negociaciones con la ADP continuaron y varios puntos de los acuerdos siguieron siendo objeto de discusión. El mayor desafío, sin embargo, continúa siendo la calidad de la educación. La inversión en aulas y salarios ha mejorado las condiciones materiales del sistema, pero no garantiza por sí sola una mejora automática en los resultados de aprendizaje. La recuperación de las pérdidas provocadas por la pandemia, el fortalecimiento de la enseñanza de lectura y matemáticas, la formación docente y la reducción de las brechas entre estudiantes siguen entre los principales retos, al igual que transformar la educación en STEAM, que es un modelo pedagógico que junta cinco áreas: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. En 2026, Abinader anunció una reforma educativa con énfasis en competencias, tecnología, inglés y formación del capital humano. El balance de sus primeros seis años muestra así una gestión con avances visibles en infraestructura y remuneración docente, pero con una tarea pendiente: transformar la inversión en una mejora sostenida y medible de la calidad educativa dominicana.
SALUD BAJO ABINADER: SEIS AÑOS DE AVANCES, INVERSIONES Y DESAFÍOS PENDIENTES EN EL SISTEMA SANITARIO
El sector salud ha ocupado un lugar prioritario en los gobiernos del presidente Luis Abinader, una gestión que comenzó en agosto de 2020 enfrentando uno de los mayores desafíos sanitarios de la historia reciente: la pandemia del COVID-19. Seis años después, el balance incluye avances en vacunación, ampliación de hospitales, modernización de centros de salud y mayor inversión, aunque persisten problemas estructurales en la atención pública. El primer gran desafío fue controlar la pandemia. El Gobierno puso en marcha un amplio programa de vacunación, amplió la disponibilidad de camas y reforzó la respuesta hospitalaria. La vacunación permitió avanzar hacia la reapertura económica y el retorno progresivo a las actividades presenciales, marcando uno de los primeros resultados de la gestión sanitaria. Superada la emergencia, la administración trasladó su atención a la reconstrucción y modernización de la infraestructura hospitalaria. Durante el período 2020-2026 fueron intervenidos y entregados hospitales en distintas regiones del país, mientras continuaron proyectos como la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar y la ampliación de la red de centros especializados. La inversión también se concentró en hospitales traumatológicos, materno-infantiles y generales, junto a mejoras en equipos y servicios. El objetivo oficial ha sido reducir el deterioro acumulado durante años y ampliar la capacidad de respuesta de la red pública. Sin embargo, los desafíos siguen presentes. Las largas esperas para recibir atención, la falta de especialistas en determinados hospitales, la necesidad de más camas y las limitaciones en algunos servicios continúan siendo parte de las principales quejas de los usuarios. La salud materna y neonatal, las enfermedades crónicas y la prevención representan otras áreas donde el sistema enfrenta importantes retos. Aunque el Gobierno ha impulsado la atención primaria como una vía para prevenir enfermedades y reducir la presión sobre los hospitales, su fortalecimiento continúa siendo una tarea pendiente. A esto se suman los cuestionamientos sobre el manejo de recursos en algunas instituciones del sector, que han obligado a reforzar los mecanismos de supervisión y transparencia. El balance de seis años muestra una gestión con avances visibles, principalmente en la respuesta al COVID-19 y en la recuperación de la infraestructura hospitalaria. Pero el reto ahora va más allá de construir y remodelar hospitales. La principal prueba para el Gobierno de Abinader será lograr que la inversión realizada se traduzca en una atención más rápida, cercana y eficiente, con medicamentos, especialistas y servicios de calidad para los pacientes.
LUIS ABINADER Y SEIS AÑOS DE GOBIERNO: LA MAYOR APUESTA POR LA INFRAESTRU...
