El Ministerio Público ha declarado su preparación para el próximo juicio, fijado para el 15 de septiembre, contra los implicados en una extensa red piramidal, desmantelada durante la Operación Gaviota. Este esquema fraudulento, que presuntamente defraudó a más de 300 personas, movilizó sumas superiores a los RD$4,239 millones y US$11.6 millones. La institución asegura tener listas las acusaciones y las pruebas necesarias para el proceso penal.
La Fiscalía General de la República anunció este martes que se encuentra preparada para presentar su acusación y las evidencias correspondientes en el proceso judicial programado para el 15 de septiembre. Este juicio involucra a los miembros de una organización desmantelada mediante la Operación Gaviota, la cual, a través de un esquema tipo pirámide, manejó más de 4,239 millones de pesos dominicanos y 11.6 millones de dólares estadounidenses, afectando a más de 300 individuos.
El organismo acusador, representado en esta audiencia por los fiscales litigantes Miguel Crucey, Yudelka Holguín y Alexis Piña, informó al Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Keyla Pérez, sobre su disposición para abordar el procedimiento legal. Los principales acusados en este caso son Rafael Martínez Batista y su compañera Eridania García Veloz de Martínez; Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez.
Asimismo, se dispuso el envío a juicio de O'neill Alberto Nivar Romero, William Félix Esquea D'Oleo, Roberto Evangelista Concepción, Rafael Martínez Colón, Lucía Martínez Colón, Rosangela Amador Núñez, Greer Antoni Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazaire, Isandry Alberto Rosario Victoriano y Daniel Cadet Gabriel, junto con Manuel Arturo de la Cruz Pache y Claribel Martínez Vicente.
Para llevar a cabo sus actividades, los implicados emplearon las compañías IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopes), Investor Winner IW S.R.L., Antoni Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vagary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L. y Gratia Plena S.R.L.
Adicionalmente, se utilizaron las empresas Ghanima Corporation S.R.L., Taufit Investments S.R.L., Jalizca Family Inmobiliaria S.R.L., Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva, S.R.L., Inmobiliaria Luz del Ángel S.R.L. y The Winner Academy & Trading Center.
El año anterior, el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió la orden de apertura a juicio, considerando suficientes las más de 650 pruebas que respaldan el expediente. Estas incluyen 376 testimonios, 19 peritajes financieros y de informática forense, así como 254 documentos y 29 elementos materiales.
Estructura captó fondos de víctimas en distintas provincias
Los acusados obtuvieron dinero de 332 personas en diversas regiones del país, muchas de las cuales hipotecaron propiedades o comprometieron sus ahorros personales. Entre sus tácticas, reclutaban a los inversores y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima, creando empresas para captar fondos del público sin poseer los permisos ni registros necesarios ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público verificó que no existían inversiones auténticas en los mercados internacionales, sino que se trataba de un esquema Ponzi, donde los pagos a los primeros inversores se realizaban con los aportes de nuevos participantes.
Las indagaciones revelaron que los líderes Rafael Martínez Batista y su cónyuge Eridania García Veloz de Martínez, junto con los demás imputados, atraían a las víctimas a través de la empresa Investor Winner IW S.R.L. y un entramado de sociedades y cooperativas falsas. El Ministerio Público detalló que el grupo delictivo empleó plataformas de redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar oportunidades de inversión fraudulentas, además de falsificar estados financieros y establecer empresas de fachada, logrando captar a cientos de personas.
Para eliminar rastros y dificultar la investigación, los procesados transfirieron las acciones de las empresas una vez que el esquema colapsó y abandonaron sus residencias habituales. El grupo está acusado de infringir múltiples artículos del antiguo Código Penal, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley Monetaria y Financiera Núm. 183-02, la Ley 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana, así como la Ley 127-64 sobre el Cooperativismo en la República Dominicana y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La estructura fue desmantelada con la Operación Gaviota, que se inició en el mes de junio del año 2024.
