Siete magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) expusieron ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sobre temas cruciales como la eficiencia judicial, la integridad, la reducción de la mora procesal y la transformación digital. Sus intervenciones ofrecieron un panorama detallado de los logros y desafíos que enfrentan las distintas salas de la máxima instancia judicial, subrayando la importancia de la ética y la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
Por Raúl Germán Bautista.- La eficiencia en el sistema judicial, la probidad, la eliminación de retrasos (mora cero), la modernización digital, la excelencia en las sentencias, la conciliación, la transparencia, la seguridad en la propiedad y el acceso a la justicia fueron algunos de los ejes principales abordados por siete jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) durante sus audiencias de evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Las presentaciones de Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Alejandro Bello Ferreras, Fran Euclides Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico proporcionaron una visión clara de los resultados, los retos y los principios que rigen el funcionamiento de diversas salas del tribunal superior del país, demostrando a la vez una gran solidez en sus argumentos y un profundo conocimiento del derecho. Más allá de las estadísticas, los magistrados coincidieron, desde diferentes puntos de vista, en un aspecto fundamental: la eficacia judicial no puede disociarse de la moralidad, la calidad de las determinaciones, la autonomía y la fe de los ciudadanos en el sistema judicial.
PRODUCTIVIDAD CON RESULTADOS MEDIBLES
El presidente de la Primera Sala de la SCJ, Justiniano Montero Montero, resaltó el desempeño ético y los grados de eficiencia logrados por esa jurisdicción. En su intervención, también abordó el impacto de la tecnología en los procedimientos judiciales y estableció una restricción esencial para su uso: la tecnología puede modificar la gestión, pero no suplantar la labor del juzgador. También mencionó que el Estado carece de defensores.
En la Segunda Sala, su presidente, Francisco Jerez Mena, presentó logros que evidencian el efecto de una administración basada en la planificación, los datos y los instrumentos tecnológicos. La jurisdicción ha procesado más de 14,000 expedientes y dictado más de 27,000 resoluciones, incluyendo unas 11,000 sentencias y más de 15,000 acuerdos. Uno de los indicadores más significativos expuestos por Jerez Mena es que el 98 % de los casos se abordan en la primera vista fijada, un resultado vinculado al empleo de notificaciones electrónicas certificadas, una programación anticipada y un modelo de gestión orientado por la información. El magistrado también planteó otro desafío que va más allá de los números: la influencia de los denominados juicios paralelos en los medios de comunicación. Jerez Mena advirtió que la exposición pública de los procesos puede entrar en conflicto con el derecho a la honra, las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, además de favorecer prácticas de populismo penal. Su planteamiento sitúa la independencia judicial frente a una presión actual: cómo impartir justicia sin permitir que la opinión pública, las redes sociales o los juicios mediáticos condicionen la decisión de los tribunales.
LA PRODUCTIVIDAD COMO INDICADOR, PERO NO COMO ÚNICO CRITERIO
El magistrado Samuel Arias Arzeno, juez de la Primera Sala, mostró una carrera caracterizada por altos niveles de eficiencia. En siete años, explicó, ha emitido más de 27,000 resoluciones y ha participado como ponente en más de 5,000, lo que equivale al 20 % del total. La Primera Sala, además, mantiene tasas de resolución superiores al 98 %, sin considerar los periodos afectados por la pandemia de COVID-19. Pero su presentación también se dirigió hacia una dimensión menos cuantificable de la justicia: la transformación digital y el acceso ciudadano. Arias Arzeno destacó el aprovechamiento de plataformas electrónicas para facilitar la presentación de quejas éticas contra jueces y funcionarios judiciales, así como el fortalecimiento de los mecanismos de mediación a través de las Casas Comunitarias de Justicia y los centros de Mediación del Poder Judicial. El mensaje es relevante: una administración de justicia efectiva no solo debe resolver expedientes; también debe acercarse a la ciudadanía y ofrecer alternativas para solucionar los conflictos antes de que estos se conviertan en procesos judiciales más intrincados.
TECNOLOGÍA, TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA
La magistrada Vanessa Acosta Peralta, jueza de la Primera Sala, aporta a esta descripción una trayectoria de 27 años en el Poder Judicial, durante los cuales ha desempeñado funciones en diversas jurisdicciones y áreas especializadas. En los últimos siete años, registra 739 resoluciones y 596 sentencias, además de una producción superior a 3,000 decisiones y más de 5,000 determinaciones motivadas, según los datos expuestos durante su evaluación. Su carrera también está ligada a la perspectiva de igualdad y derechos humanos. Como subcoordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, ha participado en iniciativas dirigidas a mejorar el acceso y el funcionamiento de la administración de justicia sin discriminación.
MILES DE EXPEDIENTES BAJO ESCRUTINIO
Desde la Tercera Sala, el magistrado Alejandro Bello Ferreras presentó una carrera de más de dos décadas vinculada con la judicatura, la enseñanza, la investigación legal y la producción doctrinal. Su experiencia abarca especialmente el derecho civil, procesal e inmobiliario. Durante los siete años en la Tercera Sala, la Sala Reunida y en asuntos de competencia del Pleno de la SCJ, indicó que ha conocido un volumen aproximado de 3,000 expedientes y que hasta el 4 de abril de este año había fallado alrededor de la misma cantidad. Uno de los aspectos destacados de su exposición fue la transparencia alcanzada en la jurisdicción inmobiliaria, donde sostuvo que se han reducido a cero los casos de fraude. Por su parte, el magistrado Rafael Vásquez Goico, también integrante de la Tercera Sala, presentó una producción de 14,800 decisiones, de las cuales ha intervenido en 6,114, equivalentes al 42 % del total señalado. Sin embargo, Vásquez Goico planteó una advertencia relevante frente a la obsesión por las estadísticas: la eficiencia judicial no debe medirse únicamente por la cantidad de decisiones emitidas. La calidad, la argumentación y los efectos legales de las sentencias, sostuvo, también forman parte de la verdadera evaluación del desempeño de un juez.
CASACIÓN AL DÍA Y SOLUCIONES CONSENSUADAS
El magistrado Fran Euclides Soto Sánchez, juez de la Segunda Sala, especializada en asuntos penales, explicó que mantiene actualizados los recursos de casación bajo su responsabilidad y que procura presentarlos a tiempo para garantizar que las partes puedan expresar sus puntos de vista. La Segunda Sala recibe alrededor de 2,000 recursos de casación cada año, de los cuales aproximadamente 400 corresponden a su carga de trabajo. Soto Sánchez también defendió los acuerdos como una vía válida para resolver conflictos penales, incluso cuando los procesos ya se encuentran en etapa de juicio.
UNA JUSTICIA QUE DEBE RESPONDER A LA SOCIEDAD
El conjunto de las intervenciones deja un elemento común: la evaluación de estos siete magistrados no se limitó a sus historiales o a la cantidad de expedientes resueltos. Sobre la mesa surgieron interrogantes de mayor trascendencia para el sistema judicial dominicano: ¿cómo valorar la eficacia de un juez?, ¿cómo asegurar resoluciones de calidad en medio de una alta carga de trabajo?, ¿hasta dónde debe llegar la tecnología?, ¿cómo preservar la independencia frente a los juicios mediáticos?, ¿cómo acercar la justicia a las comunidades? y ¿cómo fortalecer la confianza ciudadana? Las respuestas ofrecidas desde las distintas salas de la Suprema Corte de Justicia muestran una judicatura que enfrenta el desafío de combinar productividad con calidad, tecnología con discernimiento humano, celeridad con garantías procesales y eficiencia con ética. En ese escenario, las cifras adquieren valor, pero no son suficientes. Porque una justicia verdaderamente efectiva no es únicamente la que resuelve miles de expedientes. Es la que logra hacerlo con autonomía, fundamentación, transparencia, equidad, respeto al debido proceso y capacidad para generar confianza en quienes acuden a ella en busca de una respuesta. Y precisamente ahí se encuentra el principal desafío que dejan las evaluaciones de estos siete magistrados ante el Consejo Nacional de la Magistratura: convertir la eficiencia judicial en confianza ciudadana y los avances tecnológicos en mejores garantías para quienes buscan justicia.
