El titular de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, ha expresado que, a pesar de las eventuales condenas, la legislación actual no logra compensar el profundo dolor causado por el desplome de la discoteca Jet Set. El proceso judicial, que se rige por el antiguo Código Penal, impone restricciones a las sanciones que pueden aplicarse, incluso si se dictan las penas máximas permitidas. Camacho confía en que el juicio de fondo resultará en una sentencia condenatoria contra los hermanos Espaillat, propietarios del establecimiento.
En Santo Domingo, el procurador fiscal adjunto y jefe de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, manifestó este viernes que una posible condena para los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, dueños de la discoteca Jet Set, incluso con la máxima pena permitida por la ley bajo la cual se tramita el expediente, no reflejaría la extensión del perjuicio ocasionado a las familias de las 236 personas que perecieron durante el derrumbe del local, así como a las cientos que sufrieron lesiones.
Camacho detalló que el procedimiento judicial se desarrolla conforme a las estipulaciones del anterior Código Penal, por lo cual las penalidades aplicables están restringidas a las sanciones contempladas en dicha normativa. “Sin embargo, debido a las propias particularidades de que este es un proceso que se lleva a cabo con el antiguo Código Penal, un fallo condenatorio, incluso con la máxima pena, no reflejará el perjuicio que han padecido más de 236 familias a raíz de las muertes que estos sucesos han provocado”, declaró.
El funcionario aseguró que espera que el juicio de fondo por la catástrofe ocurrida en la discoteca Jet Set finalice con una resolución condenatoria contra los principales imputados, aseverando que las pruebas presentadas por el órgano acusador respaldan la imputación. Camacho resaltó que el proceso legal ha avanzado sin demoras y consideró que la jornada demuestra que, cuando las partes no recurren a estrategias para posponer el conocimiento del caso, los procedimientos pueden desarrollarse con mayor celeridad.
“Al Ministerio Público nos complace enormemente que este proceso progrese sin dilaciones. Este proceso es una evidencia de que el Ministerio Público siempre está preparado en el desarrollo de las audiencias y hoy lo demostramos”, expresó.
El procurador fiscal adjunto indicó que el Ministerio Público presentó durante la audiencia su acusación y las evidencias con las que busca probar la responsabilidad penal de los implicados por el colapso del techo del establecimiento ocurrido el 8 de abril de 2025, un infortunio que resultó en el fallecimiento de 236 personas. “Confiamos en que al término de este proceso se emitirá un veredicto condenatorio. Una decisión basada en las pruebas que hemos aportado no puede tener otro desenlace que el de una sentencia de culpabilidad”, sostuvo Camacho.
El titular de la Dirección Nacional de Persecución consideró que, ante la envergadura de la desgracia, lo mínimo que el sistema de justicia puede hacer es imponer la máxima sanción permitida por el tipo penal aplicable. “Lo menos que el sistema puede hacer por estas víctimas, valorando los acontecimientos que han desgarrado el alma del pueblo dominicano, es dictar y condenar al máximo lo que este tipo penal permite”, afirmó.
Camacho insistió en que la acusación presentada por el Ministerio Público cuenta con los elementos indispensables para prosperar durante el juicio de fondo. “El Ministerio Público comprende que este caso tiene las condiciones para avanzar con éxito”, concluyó.
