El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) enfrenta nuevas acusaciones de irregularidades en licitaciones para el almuerzo escolar, específicamente en San Pedro de Macorís, por un monto superior a los RD$1,900 millones. Proveedores afectados denuncian que empresas descalificadas obtuvieron contratos y señalan posibles vínculos entre adjudicatarios y figuras políticas, lo que genera serias dudas sobre la transparencia del proceso. Estas controversias surgen casi un año después de denuncias similares ante la Procuraduría Anticorrupción.
Casi un año después de que diversos proveedores presentaran reclamaciones ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por supuestas anomalías en los procedimientos de contratación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), nuevas imputaciones vuelven a poner en entredicho los concursos para la provisión del servicio de almuerzo escolar. En esta ocasión, los señalamientos se refieren al proceso correspondiente a los ciclos escolares 2026-2027 y 2027-2028 en San Pedro de Macorís, cuya suma excede los RD$1,900 millones. La convocatoria se inició el 24 de noviembre de 2025 y las adjudicaciones se realizaron el 7 de agosto de 2026, casi diez meses después.
Los denunciantes, representados por el licenciado Pedro Lara, sostienen haber detectado compañías que, a pesar de haber sido inicialmente excluidas por el mismo comité de adquisiciones del INABIE, finalmente recibieron convenios por cifras elevadas. “Tengo la plena certeza de que cuando esto se revele en la magnitud que puede hacerlo, será peor que los casos de Víctor Castro y Cecilio”, advirtió Lara. El abogado defiende a 11 participantes perjudicados, quienes cuestionan la manera en que se llevó a cabo el procedimiento y aseguran que varias de las entidades favorecidas no cumplían con los requisitos establecidos.
Empresas descalificadas terminaron con contratos millonarios
Según la información suministrada por los demandantes, 51 compañías fueron seleccionadas en San Pedro de Macorís. De estas, 15 habían sido previamente rechazadas por no cumplir con los criterios exigidos en los pliegos, pero posteriormente obtuvieron contratos que, en conjunto, sobrepasan los RD$445 millones. Uno de los ejemplos mencionados es el de Manuel Emilio Mejía Molina, a quien se le adjudicaron RD$31 millones 361 mil 168, a pesar de que, conforme a los denunciantes, el informe de evaluación del INABIE habría indicado la presentación de documentación fraudulenta. “En el propio informe que emite INABIE se establece que esa persona presentó papeles falsos y, por tal motivo, según lo estipulado en el pliego, queda automáticamente descalificado e inhabilitado”, afirmó Lara.
Otro caso bajo escrutinio es el de Leidi Massiel Cabrera Heredia, quien consiguió un contrato por RD$38 millones 128 mil 306. Los denunciantes aseguran que durante las inspecciones el local no satisfacía las condiciones necesarias y alegan que se trataba de un inmueble vacío, sin identificación comercial y sin sistema de extracción de humos. De acuerdo con Lara, el establecimiento habría sido acondicionado posteriormente. “Nosotros entregamos unos videos que demuestran que, en el momento de la supervisión y después, ese espacio estaba pintado de color crema. Como ya habíamos presentado una denuncia, adecuaron el lugar y le modificaron la tonalidad”, aseveró.
Los afectados también ponen en tela de juicio presuntos lazos entre algunos adjudicatarios y personas vinculadas al ámbito del INABIE. En el caso de Cabrera Heredia, señalan a su progenitor, Francisco Alberto Cabrera Javier, conocido como “Don Lolo”, y alegan que tendría conexiones con el actual director ejecutivo de la institución, Adolfo Pérez de León. Estas declaraciones forman parte de las reclamaciones de los afectados y no implican por sí mismas culpabilidad de los funcionarios o proveedores mencionados.
Denuncian posibles vínculos entre empresas y políticos
Otro de los aspectos cuestionados es la existencia de aparentes conexiones entre empresas que participaron de manera individual, pero que, según los afectados, podrían estar relacionadas entre sí. Lara mencionó las denominaciones comerciales Azul Divino, Gilkiri, Bladjoe, Black Hill, Grupo Orsan y Suero Gourmet. Como ilustración, explicó que Gilberto Bolívar Ortiz Ortiz figura como titular del nombre comercial de Gilkiri, S.R.L., a la que se le adjudicaron RD$34 millones 997 mil 811, y también aparece asociado con Azul Divino, que recibió RD$23 millones 281 mil 886. “Ya estamos hablando de tres empresas. Entonces, ¿eso es una coincidencia?”, inquirió Lara al referirse a otras compañías que, según su reclamación, estarían vinculadas a miembros de la misma familia.
Los perjudicados también identificaron a adjudicatarios que, según afirman, tendrían relaciones políticas. Entre ellos mencionaron a Dignora Ortiz, de quien alegan que mantiene lazos con autoridades municipales de Hato Mayor y San Pedro de Macorís. Asimismo, cuestionan la adjudicación a CP & DC, propiedad de Héctor Luis Febles, conocido como “El Primo”, cónyuge de la diputada por San Pedro de Macorís Carolina Paula, conocida como “La Prima”. La empresa obtuvo un contrato por RD$28 millones 155 mil 710, aunque, según los denunciantes, el INABIE había señalado incumplimientos relacionados con el formulario de presentación de ofertas y la declaración de conflicto de interés. También fueron mencionadas Helen Elizabeth MacCow, adjudicada con RD$28 millones 931 mil 766, y Nicole Elizabeth James Cotes, con RD$25 millones 501 mil 350. Los reclamantes sostienen que estas empresas podrían tener vínculos entre sí y hablan de una posible colusión, extremo que corresponde determinar a las autoridades.
Proveedores afectados aseguran haber quedado fuera
Mientras algunos de los adjudicatarios cuestionados obtuvieron contratos millonarios, proveedores que participaron en el proceso afirman haber sido excluidos a pesar de poseer experiencia, infraestructura y buenas calificaciones. Uno de ellos es Rafael Emilio Tejeda, quien asegura que llevaba más de 12 años como proveedor y realizó una inversión de varios millones de pesos en equipos especializados. Según explica, su propuesta consiguió una puntuación de 89 puntos, pero aun así no fue seleccionado. “Yo quedé por encima de mucha gente que fue descalificada y luego habilitada. No lo entiendo”, manifestó Tejeda.
El proveedor calcula que su inversión en equipamiento oscila entre RD$4 y RD$5 millones, además de un préstamo hipotecario de aproximadamente RD$5 millones para adquirir el local. “Soy padre y madre a la vez, porque mi esposa falleció de cáncer. Tengo una hija que va a la universidad. Y el director no da la cara”, expresó. Una situación similar experimenta Elena Rijo, quien participó por primera vez en el proceso con un restaurante con más de 22 años de funcionamiento. Rijo obtuvo una puntuación de 89.25, pero no fue escogida para abastecer una escuela cercana a su establecimiento. “Nosotros como empresa obtuvimos 89.25 y estamos a 220 pies de una escuela. Y le adjudicaron la escuela a una cocina que está a dos kilómetros y medio”, cuestionó.
Los afectados también denunciaron un cambio en la metodología para calcular las distancias. Según explican, la licitación establecía inicialmente que se utilizaría Google Maps, pero durante el proceso este criterio habría sido reemplazado por otra aplicación. A juicio de los proveedores, esto terminó perjudicando a participantes cuyas cocinas estaban ubicadas cerca de los centros escolares, mientras otros, situados a varios kilómetros, resultaron beneficiados. Para Lara, la distancia es crucial para asegurar que los alimentos lleguen en condiciones adecuadas. “Cuando estás cerca del centro, eso permite que la comida llegue en condiciones favorables, caliente y en óptimo estado”, explicó.
Afectados recurren el proceso
Ante las presuntas irregularidades, los proveedores perjudicados presentaron un recurso de revisión administrativa ante el Comité de Compras y Contrataciones del INABIE, en el que alegan un menoscabo a sus derechos y al principio de igualdad de trato. Mientras tanto, este jueves el INABIE comunicó la suspensión de 14 proveedores por anomalías detectadas en procedimientos de almuerzo y desayuno escolar en 12 localidades, incluyendo San Pedro de Macorís. La institución también anunció nuevas inspecciones a proveedores adjudicados en esa demarcación. Entre los hallazgos reportados figuran cocinas desmanteladas o inexistentes en las direcciones declaradas, instalaciones en remodelación y cambios de domicilio sin autorización. Ahora corresponde determinar si las denuncias corresponden a casos aislados o si evidencian fallas más profundas en un proceso que compromete más de RD$1,900 millones y la alimentación de miles de estudiantes.
