La carencia de una supervisión y seguimiento adecuados por parte de las entidades reguladoras habría facilitado que ciertas instituciones en Haina continuaran operando a pesar de cuestionamientos previos. Esta situación, marcada por una deficiente articulación interinstitucional, culminó con denuncias de posibles maltratos que desencadenaron la intervención de las autoridades, revelando presuntas irregularidades y la necesidad urgente de una mejor coordinación.
La falta de sincronización, monitoreo y control entre los organismos encargados de regular centros que acogen a menores y personas con problemas de drogadicción, presuntamente, generó el escenario propicio para que establecimientos en Haina siguieran funcionando, a pesar de las dudas sobre sus condiciones y posibles anomalías. Esto ocurrió hasta que acusaciones de supuestos abusos provocaron la intervención de las autoridades. El incidente más reciente involucra a la Fundación Restaurando Vidas, situada en el sector La Pared, en Haina, y liderada por Ángel Gabriel Capellán, conocido como “El Pastor”, quien está siendo investigado por posible tráfico de menores, agresiones físicas y explotación laboral. La intervención no fue resultado de una inspección rutinaria de los entes responsables de supervisar estos lugares, sino que se produjo después de que un niño de 12 años escapara del centro el 28 de agosto y llegara a la estación policial de Hatillo. Según la queja que originó las pesquisas, el menor declaró haber sido víctima de palizas, quemaduras, privación de comida y trabajos forzados de carpintería, tareas que supuestamente le impedían asistir con regularidad a la escuela. Su huida desencadenó la acción de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal y de la Dirección de Investigación de Trata y Tráfico de Personas. Como consecuencia, 13 menores fueron rescatados y Capellán fue detenido.
Un lugar que generaba sospechas
En las calles del sector La Pared, los habitantes afirman que desde hacía tiempo existían interrogantes sobre lo que sucedía dentro de la propiedad donde opera la fundación. Residentes del sector El Feliciano indicaron que el constante movimiento de niños, adolescentes y adultos entrando y saliendo del recinto, junto con el estado de la propiedad, levantaba sospechas en la comunidad. Juan Carrasco, un residente del área, aseguró que entre los vecinos se comentaba que podían estar ocurriendo situaciones irregulares, aunque admitió que desconocían lo que pasaba dentro de la propiedad porque no tenían acceso al lugar. El complejo se encuentra al final de un camino rodeado de plantaciones de plátanos, en la calle La Feliciana. En su entrada se halla el templo identificado como “Fundación Restaurando Vidas: Un Muerto que Revive”. El espacio está compuesto por varias estructuras de madera y zinc donde dormían y convivían los internos, además de una construcción de concreto de dos niveles. Dentro del terreno también se encuentran una cocina, un almacén de leña y áreas con camas y literas. A pesar de la cantidad de personas que residían allí, el lugar carecía de cercas, portones y otros controles de acceso perimetrales.
La familia niega las acusaciones
Mientras el Ministerio Público investiga las acusaciones, la familia de Capellán niega que dentro de la fundación se produjeran los abusos señalados. Zeneida, esposa de “El Pastor”, aseguró que las acusaciones son falsas y afirmó que los menores llegaban al lugar por decisión de sus propios padres, quienes buscaban ayuda para sus hijos. También negó que existieran condiciones de hacinamiento o promiscuidad. Según su versión, las niñas y los varones permanecían en espacios separados y únicamente compartían determinadas actividades religiosas. La esposa de Capellán sostuvo, además, que el funcionamiento de la fundación era conocido por las autoridades y afirmó que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) había realizado visitas al establecimiento. Precisamente este señalamiento vuelve a poner el foco sobre la función desempeñada por las instituciones: si organismos estatales conocían la existencia del lugar y habían acudido previamente, queda por establecer qué encontraron, qué recomendaciones realizaron y qué seguimiento se dio posteriormente.
Padres aseguran que confiaban en el centro
Algunos padres de los menores que permanecían en la fundación también han salido en defensa de Capellán. Aseguran que estaban conformes con que sus hijos permanecieran allí y describen a “El Pastor” como una persona que ayudaba a familias que no contaban con recursos suficientes. Según sus testimonios, algunos padres recurrían al establecimiento porque necesitaban un lugar donde sus hijos pudieran permanecer mientras trabajaban, mientras que otros se encontraban en el extranjero. Una de las madres que acudió a respaldar al pastor afirmó que tres de sus hijas estuvieron bajo el cuidado de la fundación y aseguró que recibieron buen trato. La mujer, madre de una niña de ocho años que figura en el expediente del Ministerio Público, explicó que recurrió al centro ante las dificultades que enfrentaba para conseguir cupos escolares para sus hijas. Según relató, Capellán le ofreció una alternativa para que las menores recibieran educación y estuvieran cuidadas mientras ella trabajaba. Hasta el momento, de acuerdo con la defensa, los padres no se han constituido en querellantes contra Capellán. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que los menores son las presuntas víctimas de los hechos investigados, por lo que el proceso no depende únicamente de que sus progenitores presenten querellas.
Manifestaciones en respaldo a “El Pastor”
Familiares, amigos, feligreses y personas que aseguran haber sido beneficiadas por la fundación se dieron cita frente a la Fiscalía de San Cristóbal para exigir la liberación de Ángel Gabriel Capellán. Entre oraciones y alabanzas, calificaron su apresamiento como una injusticia y cuestionaron que legisladores y otras figuras públicas hayan señalado al religioso antes de que concluya el proceso judicial. Sus seguidores aseguran que Capellán se dedicaba a ayudar a personas de escasos recursos y sostienen que realizó labores sociales que, a su juicio, las autoridades no habían podido atender. Durante la manifestación, un hombre ofreció su testimonio sobre su paso por uno de los centros vinculados al pastor. Relató que tenía problemas de adicción a las drogas y afirmó que logró abandonar el consumo después de permanecer en el establecimiento. Dijo que actualmente se encuentra rehabilitado, casado y viviendo junto a su esposa. Los manifestantes reclamaron que Capellán sea liberado y pueda volver a operar los espacios donde, según ellos, atendía a niños, adultos y personas con problemas de adicción.
¿Quién debía supervisar?
Uno de los puntos que genera mayores interrogantes es el relacionado con los permisos y habilitaciones necesarios para operar establecimientos de esta naturaleza. Al ser cuestionados sobre este aspecto, algunos seguidores de Capellán argumentaron que la ausencia de determinadas autorizaciones no justificaba, a su entender, el cierre del centro ni el apresamiento del pastor. Consideraron que, en caso de existir incumplimientos administrativos, las autoridades debieron imponer una multa o realizar una advertencia. Sin embargo, estar constituido legalmente como una fundación sin fines de lucro no necesariamente equivale a estar habilitado para albergar menores, ofrecer servicios relacionados con adicciones o mantener personas internas bajo cuidado permanente. Es precisamente ahí donde surge uno de los principales cuestionamientos del caso: qué institución conocía las actividades que se desarrollaban en estos establecimientos, cuáles los habían inspeccionado, qué irregularidades habían detectado y quién tenía la responsabilidad de darles seguimiento.
El proceso judicial continúa
El conocimiento de la medida de coerción contra Ángel Gabriel Capellán fue aplazado para el próximo jueves. De acuerdo con su abogado, todavía deben realizarse evaluaciones a los niños involucrados en el proceso. La defensa también sostiene que ninguno de los padres se ha querellado contra su representado. Mientras familiares y seguidores defienden la labor de “El Pastor”, el Ministerio Público mantiene su posición de que los niños son las presuntas víctimas y continúa investigando las denuncias de maltrato. Más allá de determinar la responsabilidad penal individual de los involucrados, el caso deja abierta otra discusión: cómo establecimientos que recibían niños y personas vulnerables pudieron desarrollar sus actividades sin que existiera una respuesta coordinada y oportuna de todas las instituciones responsables de supervisarlos. La denuncia del niño que logró escapar fue finalmente la que activó una intervención que permitió sacar a 13 menores del establecimiento. Ahora queda por determinar si las instituciones pudieron haber detectado antes las condiciones denunciadas y, sobre todo, si la falta de coordinación y seguimiento permitió que los presuntos abusos se prolongaran hasta que uno de los propios menores logró pedir ayuda.
