La Contraloría General de la República (CGR) supervisó 337 propiedades y 328 acuerdos de alquiler de entidades estatales entre marzo y agosto de 2026, otorgando autorización a la mayoría. Este proceso abarcó contratos significativos en pesos dominicanos y dólares, como parte de la fiscalización técnica obligatoria. El objetivo principal es asegurar que los inmuebles cumplan con los requisitos antes de que se formalicen o renueven los compromisos de arrendamiento.
La Contraloría General de la República (CGR) llevó a cabo la inspección de 337 propiedades ligadas a acuerdos de arrendamiento y alquiler de entidades gubernamentales entre marzo y agosto de 2026. De este total, 328 recibieron la aprobación de no objeción. Este proceso de supervisión abarcó contratos valorados en más de RD$2,011.9 millones y US$33.5 millones, como parte de la auditoría técnica que la institución aplica de manera mandatoria a los arrendamientos estatales.
De las revisiones efectuadas, el Departamento de Ingeniería y Arquitectura evaluó 243 propiedades y concedió 236 permisos de no objeción. La Dirección de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental, por su parte, examinó 94 propiedades adicionales y autorizó 92 de ellas. El contralor general, Geraldo Espinosa, explicó que estas inspecciones tienen como fin verificar en el sitio si los inmuebles cumplen con las condiciones y características exigidas por las instituciones antes de asumir o prorrogar compromisos de arrendamiento.
“Cada propiedad que el Estado arrienda debe satisfacer una necesidad genuina y reunir las condiciones que justifiquen su contratación”, afirmó Espinosa.
351 solicitudes procesadas
Durante los cinco meses analizados, la Contraloría recibió 351 peticiones de inspección. De esa cantidad, 337 habían sido evaluadas, mientras que las 14 restantes se encontraban pendientes o programadas al finalizar el período. Las propiedades revisadas son principalmente oficinas, además de bodegas y aparcamientos. También se inspeccionaron centros educativos privados alquilados para impartir clases a estudiantes de escuelas públicas. Una porción considerable de las solicitudes correspondió a renovaciones de acuerdos preexistentes, según el informe de la institución.
Mayor concentración en el Gran Santo Domingo
Las inspecciones se realizaron en diversas provincias del país, aunque los montos contractuales más elevados se concentraron en el Gran Santo Domingo. El procedimiento también incluyó propiedades localizadas en Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata, Barahona, Duarte, Azua, San Pedro de Macorís y Samaná, entre otras demarcaciones. El Ministerio de la Mujer fue una de las entidades con el mayor número de requerimientos, con 56 solicitudes relacionadas principalmente con casas de acogida y oficinas. Al cierre del período, la Contraloría había efectuado 39 de esas inspecciones.
Espinosa afirmó que el propósito es que la fiscalización permita identificar posibles inconsistencias antes de que las instituciones comprometan fondos públicos. “Nuestra meta es que el control no sea simplemente un procedimiento. Debe servir para prevenir, organizar y ofrecer mayores garantías del manejo íntegro de los bienes del Estado”, señaló. La supervisión de los arrendamientos y alquileres estatales es obligatoria desde el 1 de marzo de 2026, conforme a las disposiciones de la Contraloría, como parte del control previo sobre este tipo de contrataciones.
