El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) de República Dominicana confirmó la decisión del gobierno nicaragüense de clausurar su embajada en Santo Domingo. Esta acción se produce tras el llamado a consultas de la embajadora dominicana en Managua en julio, marcando un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, las cuales el Mirex asegura que continuará monitoreando.
Santo Domingo.- La Cancillería dominicana (Mirex) hizo pública este miércoles la determinación del Gobierno de Nicaragua de cerrar su representación diplomática en la República Dominicana. Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Exteriores informó que mantendrá un seguimiento constante a la evolución de los lazos entre ambas naciones.
El Mirex recordó que el 23 de julio de 2026, el Gobierno dominicano había solicitado la presencia de su embajadora acreditada en Managua para consultas. Desde esa fecha, la delegación diplomática de República Dominicana en Nicaragua opera bajo la dirección de un encargado de negocios interino.
La institución no proporcionó detalles sobre las motivaciones que llevaron al Gobierno nicaragüense a ordenar el cierre de su sede diplomática en Santo Domingo. “La República Dominicana seguirá observando el desarrollo de las interacciones bilaterales, conforme a los canales y protocolos establecidos en el ámbito diplomático”, indicó la Cancillería en el comunicado, fechado el 9 de septiembre.
Esta resolución representa un nuevo giro en las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Nicaragua, luego de la convocatoria a consultas de la embajadora dominicana en Managua durante el mes de julio.
Contexto
Se recuerda que el Gobierno de República Dominicana expresó su enérgica condena a las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien aseguró que en su país “no se volverán a realizar elecciones”.
República Dominicana consideró que una declaración de este tipo implica un desprecio por los principios de la democracia representativa y el derecho del pueblo nicaragüense a escoger libremente a sus líderes mediante procesos electorales periódicos, libres, justos, transparentes y diversos.
“Los pueblos de América poseen el derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y resguardarla”, establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana.
El Gobierno dominicano enfatizó que la celebración de elecciones regulares y el respeto al sufragio universal y secreto, la diversidad política, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de derecho son componentes esenciales de la democracia representativa.
Asimismo, República Dominicana afirmó que ningún Gobierno puede privar de manera unilateral a un pueblo de manifestar su voluntad a través del voto ni eliminar la vía electoral como mecanismo legítimo para la alternancia en el poder.
El Gobierno dominicano instó a las autoridades nicaragüenses a reconsiderar su postura y asegurar los derechos políticos y las libertades fundamentales de la población, incluyendo el derecho a participar en elecciones auténticas, competitivas y democráticas.
Tras las declaraciones de Ortega, emitidas el 1 de septiembre, el Congreso de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que, según sus detractores, limita la participación de partidos opositores en los procesos electorales y extiende de seis a siete años el mandato presidencial.
Esta iniciativa ha generado objeciones por parte de Estados Unidos y otras naciones de la región.
La reforma, apoyada por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, superó su primera votación en la Asamblea Nacional. Murillo anunció posteriormente que la enmienda será sometida a una segunda votación a partir del 18 de enero, ya que la legislación nicaragüense estipula que las reformas constitucionales deben ser aprobadas en dos sesiones legislativas distintas antes de su entrada en vigor.
El proyecto también contempla la ampliación de seis a siete años de los mandatos de los copresidentes y de otros funcionarios electos, así como los períodos de los jefes del Ejército y la Policía.
