Un tribunal ha impuesto una pena de dos décadas de prisión a un individuo por agredir sexualmente a una niña de ocho años en La Guáyiga. La decisión judicial se basó en las pruebas contundentes presentadas por el Ministerio Público, que demostraron la culpabilidad del acusado en los hechos. La condena busca hacer justicia por la víctima y sentar un precedente contra este tipo de crímenes.
A solicitud del Ministerio Público, un tribunal dictó una sentencia de veinte años de reclusión a un hombre que ultrajó sexualmente a una niña de ocho años. Este suceso tuvo lugar en el Distrito Municipal de La Guáyiga, perteneciente al municipio Pedro Brand. La condena fue emitida contra André Morel de los Santos, luego de que la fiscalía presentara las evidencias que respaldaron la acusación y que permitieron establecer su responsabilidad penal ante los jueces del Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste.
Según la investigación llevada a cabo por el fiscal Joel Pinales, el imputado se aprovechaba de los momentos en que la madre de la menor no se encontraba en el hogar para perpetrar el abuso sexual. Con frecuencia, tocaba a la víctima en diversas zonas de su cuerpo. Estos actos venían ocurriendo desde que la niña tenía cinco años de edad.
Durante la audiencia, el órgano persecutor, representado por las fiscales Francheska Alcántara y Brenda Reyes, exhibió pruebas testimoniales y periciales que fueron consideradas por el tribunal, permitiéndoles determinar, más allá de cualquier duda razonable, la culpabilidad del procesado.
La víctima, quien ahora es una adolescente, ofreció su testimonio a través del sistema de entrevista en Cámara Gesell, e indicó que el imputado la amenazaba con quitarle la vida si le revelaba los hechos a su progenitora. La madre declaró que, al enterarse de lo sucedido, acudió de inmediato a la Unidad de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Oeste, donde presentó la denuncia correspondiente el 18 de junio de 2025.
Con sus acciones, el procesado infringió varios artículos del Código Penal Dominicano, así como el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, integrado por las juezas María Cordero del Socorro, Sandra Josefina Cruz y Loida Amador Sención, resolvió que el acusado cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, ubicado en la provincia San Cristóbal.
