El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) ha revocado los contratos de más de 40 proveedores de almuerzo escolar, apenas tres semanas después de su adjudicación. Esta decisión surge tras inspecciones que revelaron diversas irregularidades técnicas y operativas. La medida se enmarca en un contexto de investigaciones y cuestionamientos públicos sobre el proceso de licitación de los servicios alimenticios.
En Santo Domingo, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) ha cancelado más de 40 contratos de cocinas que apenas tres semanas antes habían sido seleccionadas para suministrar el almuerzo a estudiantes, según lo comunicado por su director ejecutivo, Adolfo Pérez de León. "Ya hemos retirado el contrato a más de 40 cocinas de las mismas que designamos hace solo tres semanas", declaró Pérez de León en una entrevista con la periodista Edith Febles, aludiendo a las revisiones efectuadas después del proceso de asignación. Esta afirmación se produce en medio de las dudas manifestadas acerca de la contratación de suministradores para la alimentación escolar y de las indagaciones realizadas por el equipo de N Investiga, liderado por la periodista Nuria Piera, sobre las adjudicaciones de cocinas para escuelas.
INABIE lleva a cabo nuevas inspecciones
La información sobre estas suspensiones se da a conocer mientras el INABIE efectúa nuevas supervisiones a los proveedores que obtuvieron contratos, específicamente en San Pedro de Macorís, a raíz de quejas recibidas. Conforme a la información del INABIE, la entidad rescindió los acuerdos de 14 proveedores al descubrir anomalías técnicas durante las nuevas verificaciones realizadas después de la concesión de las licitaciones para el almuerzo y desayuno escolar de los periodos lectivos 2026-2027 y 2027-2028. Entre los hallazgos reportados se encuentran cocinas desmanteladas o que no pudieron ser ubicadas en las direcciones declaradas por los postores, discrepancias entre la capacidad instalada anunciada y la verificada posteriormente, incumplimientos de normas de buenas prácticas de manufactura, deficiencias en la infraestructura y el equipamiento, establecimientos sin actividad y cambios de ubicación sin previo aviso.
El instituto explicó que estas verificaciones son parte de sus mecanismos de control y pueden llevarse a cabo incluso durante la fase de ejecución contractual, con la finalidad de asegurar que los proveedores mantienen las condiciones que fundamentaron su habilitación y la obtención del contrato.
Cuestionamientos en San Pedro de Macorís
Las declaraciones de Pérez de León ocurren mientras el equipo de N Investiga, de la periodista Nuria Piera, investiga las objeciones sobre la licitación para la provisión del almuerzo escolar en San Pedro de Macorís, correspondiente a los años académicos 2026-2027 y 2027-2028. El procedimiento, que comenzó el 24 de noviembre de 2025 y fue adjudicado el 7 de agosto de 2026, sobrepasa los RD$1,900 millones, según la documentación y las quejas presentadas por proveedores perjudicados. Los denunciantes, representados por el abogado Pedro Lara, afirman que varias empresas que habían sido descalificadas en la evaluación inicial terminaron obteniendo contratos.
Según los documentos presentados por los proveedores, 51 compañías fueron seleccionadas en San Pedro de Macorís y 15 de ellas habían sido inicialmente descartadas, pero posteriormente recibieron contratos que, en total, exceden los RD$445 millones. Estos datos forman parte de las objeciones de los afectados. Uno de los casos señalados es el de Manuel Emilio Mejía Molina, quien recibió un contrato por RD$31 millones 361 mil 168. Los denunciantes sostienen que un informe de evaluación del INABIE indicaba que había entregado documentación falsa. "En el propio informe que emite INABIE se establece que esa persona presentó documentos apócrifos y, por ese hecho, según lo estipulado en el pliego, queda de inmediato descalificado e inhabilitado", afirmó Lara.
Otro de los casos puestos en tela de juicio es el de Leidi Massiel Cabrera Heredia, quien obtuvo un acuerdo por RD$38 millones 128 mil 306. Los demandantes alegan que durante una inspección, el establecimiento no cumplía con los requisitos exigidos. Los proveedores también han indicado presuntas conexiones entre algunos de los adjudicatarios y personas vinculadas al entorno del INABIE, así como posibles relaciones entre empresas que participaron en el proceso. Estas aseveraciones corresponden a los denunciantes y no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad.
Proveedores cuestionan las adjudicaciones
Las quejas también provienen de proveedores con una larga trayectoria que fueron excluidos del proceso. Entre ellos se encuentra Rafael Emilio Tejeda, quien asegura tener más de 12 años como suministrador y afirma que su propuesta alcanzó 89 puntos, pero no fue seleccionada. También está Elena Rijo, quien sostiene que su restaurante lleva más de 22 años en funcionamiento y que obtuvo 89.25 puntos, pero quedó fuera de la adjudicación. Los afectados cuestionan, además, la metodología empleada para calcular la distancia entre las cocinas y los centros educativos. Según sus alegaciones, el pliego establecía inicialmente el uso de Google Maps, pero durante el proceso se habría utilizado otra aplicación.
Ante estas reclamaciones, los proveedores presentaron un recurso de revisión administrativa ante el Comité de Compras y Contrataciones del INABIE, mediante el cual objetan distintos aspectos del proceso y alegan una violación al principio de igualdad de trato. Mientras las objeciones persisten, el INABIE mantiene las inspecciones a los proveedores adjudicados y ha informado sobre las suspensiones implementadas tras detectar incumplimientos.
