Un considerable despliegue de fuerzas de seguridad se observa hoy en las inmediaciones de la Procuraduría General de la República. Esto ocurre después del traslado de varios profesionales de la medicina, quienes fueron detenidos en relación con el caso Senasa 2.0 y ahora enfrentan investigaciones por una presunta red de fraude. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha liderado allanamientos desde la madrugada para recabar pruebas.
Un extenso despliegue de agentes de seguridad se observa este viernes en los alrededores de la sede principal de la Procuraduría General de la República. Esta movilización se da luego de que varios galenos, quienes fueron arrestados, fueran llevados a esta dependencia para continuar con las diligencias investigativas relacionadas con el expediente denominado Senasa 2.0. Desde las primeras horas del día, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha realizado múltiples registros en distintas localidades del país.
Estas acciones se inscriben dentro de las pesquisas que lleva adelante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) sobre una supuesta organización delictiva dedicada al fraude, que habría afectado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Las autoridades están indagando sobre posibles anomalías en la facturación de servicios médicos, la expedición de recetas, el reclamo de procedimientos que nunca se realizaron y la falsificación de firmas con el objetivo de sustraer fondos públicos.
Actualmente, el proceso se encuentra en una fase preliminar de investigación y recolección de pruebas, a través de intervenciones de entrada y registro. Con los interrogatorios en curso en la sede principal del órgano acusador, se anticipa que en las próximas horas el Ministerio Público formalice la presentación de las solicitudes de medidas de coerción contra los profesionales y contratistas involucrados.
Entre los principales individuos señalados por el Ministerio Público figuran el exdirector del Seguro Nacional de Salud, Santiago Hazim, junto con los exfuncionarios y contratistas Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez, además de otros colaboradores de la institución estatal. A la lista de acusados se suman Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo. Estos últimos admitieron ante la justicia haber efectuado el pago de sobornos y actos ilícitos a la dirección ejecutiva de la ARS, un acuerdo de colaboración que les permitió acceder a la medida de coerción de arresto domiciliario.
Las investigaciones llevadas a cabo por el órgano persecutor determinan que esta red llevó a cabo un desfalco al erario que, inicialmente, se estimó en quince mil millones de pesos, pero que análisis financieros recientes elevan por encima de los diecinueve mil millones.
Según el expediente, la estructura fraudulenta operó de forma ininterrumpida entre los años dos mil veinte y dos mil veinticinco, perjudicando al sistema público de salud.
La acusación formal contempla los delitos de asociación ilícita, colusión de funcionarios, prevaricación, desfalco, estafa agravada en perjuicio del Estado, cohecho, lavado de activos y falsificación de documentos públicos y privados.
Desde la Procuraduría se reiteró que las indagaciones continúan abiertas, por lo que no se descarta la inclusión de nuevos profesionales, empresarios y entidades jurídicas en el expediente a medida que avancen las operaciones.
