El Ministerio Público ha expuesto en el expediente de COBRA 2.0 la profunda preocupación por la corrupción, trascendiendo la mera pérdida económica estatal. La PEPCA argumenta que este fenómeno socava las instituciones, deteriora los servicios esenciales y, en última instancia, perjudica a la ciudadanía. Se subraya cómo los fondos públicos habrían sido desviados para una red con fines ilícitos, lo que podría fomentar el crimen organizado.
En una sección adicional del expediente de COBRA 2.0, el Ministerio Público aclara las razones por las cuales estima que la corrupción constituye una problemática que excede la mera sustracción de fondos públicos. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) afirma que la corrupción menoscaba la solidez institucional, impacta negativamente en la prestación de servicios a la comunidad y, finalmente, causa perjuicios directos a los ciudadanos.
Respecto al caso bajo investigación, se indica que los recursos del Estado presumiblemente fueron empleados para favorecer a una organización cuyo propósito era obtener ganancias de forma ilegal. El Ministerio Público también sugiere que este tipo de comportamientos puede propiciar la operación de grupos delictivos organizados, integrando así esta perspectiva en la justificación de su expediente.
Para respaldar su postura, la PEPCA invoca la Constitución dominicana y diversas convenciones internacionales contra la corrupción y la delincuencia organizada que han sido ratificadas por la nación. Entre ellas se citan la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Protocolo de Palermo y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En términos llanos, el Ministerio Público se apoya en estas normativas para ilustrar la severidad que atribuye a los sucesos investigados y el efecto que, conforme a su imputación, habrían provocado en el erario público.
