La reciente aprobación de una ley que regula los juegos de azar en el país representa un desafío significativo para los operadores del sector. Una especialista en regulación advierte que esta normativa exigirá una profunda revisión de sus controles internos, estructuras corporativas y capacidad para cumplir con las nuevas demandas. Se anticipa un proceso de adecuación que pondrá a prueba la transparencia y la tecnología de las empresas, incluso antes de su promulgación definitiva.
La aprobación el pasado dieciséis de septiembre por el Congreso Nacional de la propuesta de ley que reglamenta los juegos de azar, sitúa a los involucrados en esta industria frente a un proceso de adaptación que evaluará la solidez de sus sistemas de control interno, la organización de sus empresas y su habilidad para acatar las nuevas exigencias de la regulación. Así lo manifestó la abogada Yamile Gutiérrez, experta en normativa de juegos de azar, en una entrevista con N Digital, donde detalló que, aunque aún se aguarda la decisión del Poder Ejecutivo sobre la promulgación o posible objeción de la iniciativa, los operadores deberían empezar a analizar desde ahora qué ajustes necesitarán implementar en sus negocios.
Para Gutiérrez, la modificación no se limita únicamente a la obtención de una nueva autorización. El proyecto propone una reestructuración del método de supervisión del sector, mediante la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), una entidad autónoma con personalidad jurídica propia que asumirá las responsabilidades de regulación, vigilancia y fiscalización.
La especialista considera que uno de los mayores retos será el período de transición. Los operadores actuales dispondrán de un lapso de doce meses, contados a partir de la entrada en vigor de la ley, para completar el proceso de adecuación y solicitar una nueva licencia de operación, tras cumplir con los requisitos establecidos, entre ellos el pago de impuestos y tarifas, la entrega de documentación y la conexión con las soluciones tecnológicas requeridas.
En el caso de las empresas concesionarias de loterías electrónicas que mantienen contratos con el Estado dominicano, Gutiérrez precisó que también deberán gestionar una nueva licencia dentro de dicho período, la cual reemplazará el contrato de concesión vigente.
Otro aspecto que, según su criterio, desafiará a los operadores es la transparencia de sus organizaciones. La nueva reglamentación exige mayor detalle sobre la información de los accionistas, beneficiarios finales, administradores y otras personas relacionadas con las empresas, por lo cual los operadores deberán revisar su gobernanza corporativa y los documentos que respaldan sus actividades.
El desafío tecnológico
El componente tecnológico adquiere particular relevancia con la regulación de los juegos de azar por internet. Las compañías deberán prepararse para nuevas exigencias vinculadas con el otorgamiento de licencias, la gestión de plataformas, el acceso a datos y la supervisión tecnológica, además de implementar mecanismos para contrarrestar operaciones no autorizadas.
Gutiérrez indicó que esta transformación requiere que cada operador conozca previamente su situación actual y las deficiencias que deberá subsanar antes de que comiencen a aplicarse las nuevas disposiciones. “Este es el momento para que cada operador realice un diagnóstico regulatorio de su empresa: qué tipo de permiso posee, qué necesitará ajustar, cómo está organizada su estructura de gobierno corporativo, cuáles son sus controles de cumplimiento, qué adaptaciones tecnológicas requerirá y qué impacto económico tendrá el nuevo marco sobre su operación”, afirmó la especialista a N Digital.
Las licencias tampoco tendrán una duración uniforme. El proyecto establece vigencias de cinco años para las bancas de lotería, juegos virtuales y agencias hípicas; tres años para los bingos tradicionales y electrónicos; y diez años para las bancas deportivas, juegos de azar por internet, casinos y máquinas tragamonedas en bancas deportivas.
Cumplir durante toda la licencia
Para Gutiérrez, una de las modificaciones que debe generar mayor atención es que el cumplimiento no finaliza con la obtención de una licencia. Los operadores deberán mantener durante toda su validez las condiciones exigidas por la autoridad y responder por los controles implementados dentro de sus organizaciones.
El proyecto también refuerza las normativas sobre juego responsable y protección al jugador, incluyendo medidas para evitar el acceso de menores, abordar el juego problemático y establecer sistemas de autoexclusión. Los establecimientos deberán mostrar, además, los avisos “Prohibida la entrada a menores de edad” y “Jugar puede provocar adicción y afectar la salud”.
Pero el nivel más alto de exposición para los operadores podría estar relacionado con el sistema de sanciones. La especialista explicó que las repercusiones del incumplimiento podrían afectar a las empresas y sus licencias, así como a accionistas, administradores y directivos, según la falta cometida. El proyecto contempla sanciones administrativas y disposiciones de carácter penal, con penas que pueden llegar hasta diez años de prisión para ciertas conductas.
“No habrá una verdadera transformación mientras acatar la ley resulte más oneroso que desobedecerla. El nuevo marco debe asegurar una regla simple: quien cumple, opera; quien incumple, afronta consecuencias”, aseveró Gutiérrez.
Con la aprobación congresual, los operadores aguardan la determinación del Poder Ejecutivo, pero, mientras se define el futuro de la iniciativa, la especialista considera que el sector ya tiene por delante una tarea concreta: examinar sus estructuras, identificar posibles riesgos y determinar cuánto deberán invertir en tecnología, documentación y cumplimiento para enfrentar el nuevo escenario regulatorio.
